Carlos Jaramillo

Consulta popular vital

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El Presidente de la República confirmó el lunes último el anuncio que hizo una semana antes de que “se está analizando el llamado a una consulta popular, ya que el pueblo es nuestro mandante y él deberá pronunciarse sobre los cambios que se deben introducir para garantizar una democracia plena” y agregó que “se requieren entidades transparentes, que garanticen el control de lo público y que no exista caudillismo”.

Quienes propugnan la consulta estiman que estas aseveraciones constituyen un espaldarazo al planteamiento formulado por diversas tiendas políticas y organizaciones sociales de que se utilice esa vía para hacer realidad, cuanto antes, las transformaciones indispensables y rectificar algunas extravagancias del correísmo, a lo que se oponen sistemáticamente algunos beneficiarios de la Revolución Ciudadana y los incondicionales defensores de su adalid.

Ahora le corresponde al Jefe de Estado tamizar, entre las numerosas reformas sugeridas, aquellas prioritarias que deban someterse a consideración de la ciudadanía. Es evidente que existe consenso sobre la necesidad de que se derogue el disparate histórico de la elección indefinida; la eliminación o, por lo menos, la depuración del desprestigiado Consejo de Participación Ciudadana; la terminación anticipada de los respectivos períodos de los funcionarios de control; la derogatoria de la Ley de Plusvalía; la reforma sustancial de la Ley de Comunicación; la independencia de las Funciones del Estado, en especial de la Judicial, en la que se ha demostrado una vez más la injerencia del Ejecutivo y del Consejo de la Judicatura, a cuyo Presidente se ha planteado un juicio político en base a pruebas contundentes, como el intercambio de correos electrónicos comprometedores y denuncias de decenas de jueces destituidos.

Una Consulta se realizó el 15 de abril del 2007, tras una serie de atropellos a la Constitución de 1998, reemplazada en Montecristi, de los que se acusa como principal artífice al Ministro de Gobierno de entonces, Gustavo Larrea, uno de los fundadores y actual ‘exiliado’ de AP.

Como la mayoría del Congreso se oponía a la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que propiciaba el economista Correa, el Tribunal Supremo Electoral presidido por el doctor Jorge Alpino Acosta Cisneros, destituyó abruptamente a 57 diputados opositores, que fueron reemplazados por sumisos personajes, que ingresaron al recinto legislativo en horas de la madrugada, protegidos por la Policía y cubiertos con manteles pertenecientes al restaurante en el que se nutrieron opíparamente. Hace pocas semanas don Jorge Alpino fue abogado defensor del contralor Carlos Pólit, pero luego lo abandonó y retornó a sus cuarteles de invierno en Imbabura.

Como el Mundo da vueltas, ahora se intenta otra consulta popular para remediar algunos excesos y errores del Movimiento de las “manos limpias”...