Lolo Echeverría Echeverría

A prueba de pillos

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Un político decía en alguna ocasión, comentando sobre los niveles de la corrupción, que no vivimos en suiza sino en Ecuador.

Se refería el político a un supuesto nivel de tolerancia y generalización de la corrupción en nuestro país y contaba que en alguna provincia se decía como broma: es preferible que digan éste robó como mudo a que digan este mudo no robó. La anécdota revela una desvergonzada práctica de algunos políticos que roban cuando están en algún cargo público y le culpan al ciudadano por no escandalizarse lo suficiente con la corrupción.

No sabemos cuánto pueda influir el tema de la corrupción en las urnas ni cuánto perjudique o beneficie, pero sí sabemos que entre los temas de preocupación ciudadana, según las encuestas, el tema que más ha escalado es el de la corrupción.

No se puede culpar a los electores ni de tolerancia ni de complicidad; suficiente hace el ciudadano con someterse a las leyes, pagar los impuestos para mantener organismos y funcionarios de control y confiar en un numeroso aparato de justicia para castigar a los ladrones.

Si un ciudadano evade impuestos, aunque sea por error o ignorancia, es reprimido y castigado por las leyes y los jueces. Es inaceptable que funcionarios, elegidos o designados, roben millones de dólares, como se ha denunciado en casos como los de Petroecuador y Odebrech, y no se recupere ni un solo centavo.

Más increíble incluso es que los funcionarios que tenían la obligación de evitar la comisión de estos hechos y no lo hicieron, sean reelegidos con el máximo puntaje.

La corrupción moviliza ríos subterráneos de dinero y empobrece a los países. No tiene sentido hacer agua lodo del problema elucubrando sobre quién es más corrupto, el que paga o el que cobra los sobornos, ni aporta un milímetro a la solución discutir si hay más corrupción en el sector público o en el privado.

La corrupción crece porque se ha convertido en una acumulación de delitos: exigir sobornos, pagar sobornos, encarecer las obras, facilitar la impunidad, crear estructuras jurídicas para esconder o lavar el dinero sucio.

Ambos candidatos a la presidencia ofrecen combatir a la corrupción, incluso con auxilio de las Naciones Unidas, pero los gobiernos y los políticos no ofrecen garantías suficientes.

La lucha contra la corrupción tiene que nacer de la sociedad civil y ella debe exigir el compromiso político de los gobiernos y solicitar el auxilio internacional para que no termine con el clásico chivo expiatorio.

La lucha contra la corrupción exige la investigación eficiente, el proceso judicial independiente, la recuperación de lo robado y la instalación de un sistema de control a prueba de pillos.

El cambio de gobierno es una buena oportunidad para soñar con el inicio de una cruzada contra la corrupción por parte de la sociedad civil.