Carlos Jaramillo

Otra llamada de atención

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Cuando faltan pocos días para que el presidente Correa concluya su mandato, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas formuló, por segunda ocasión, varias observaciones y recomendaciones al Gobierno ecuatoriano por las limitaciones a las libertades de expresión y de asociación, por la injerencia en la Función Judicial, etc.

En el año 2012 Ecuador ya fue cuestionado por causas semejantes, sin que, desde entonces, se hayan acogido las sugerencias planteadas por ese organismo de trascendencia mundial.

Esta vez 26 países hacen diversas exhortaciones, luego de la presentación del tercer informe del examen universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de la intervención de la delegación de ministros ecuatorianos, encabezada por el canciller, que tuvo lugar el lunes último en Bruselas y en la que se aseveró que en nuestro país “se vive un estado de libertad plena (¿…?) y que las quejas provienen de un grupo muy pequeño de organizaciones de la sociedad civil”.

Estados Unidos, Reino Unido, España, Suecia, Suiza, Francia, Eslovaquia, Perú, Holanda, etc., demandaron el cumplimiento de las libertades de expresión y de opinión; Alemania y Bélgica sugirieron la derogatoria de la Ley de Comunicación y del decreto 16 expedido por el presidente Correa, mediante el cual se establecen causales de disolución de las organizaciones sociales; otros países también dejaron constancia de su preocupación por la situación de las libertades, manipulación de la justicia y otros aspectos negativos que consideran que prevalecen en Ecuador.

El más reciente caso que demuestra la sistemática hostilidad a la libertad de prensa es la sanción impuesta por la Supercom a siete medios (EL COMERCIO, El Universo, La Hora, Expreso, Ecuavisa, Teleamazonas y Televicentro), por no reproducir un libelo contra el entonces candidato presidencial Lasso, escrito por una periodista alineada con el kirchernismo y publicado en el periódico argentino Hora 12, pese a que los defensores de los mencionados medios presentaron una serie de argumentos jurídicos que justifica plenamente tal abstención.

Lo saludable es que tras el mare magnum hostil a la prensa independiente durante más de una década, en la que el Presidente saliente ha hecho alarde de su animadversión y ha denostado a periodistas que lo han criticado; ha roto ejemplares de periódicos en sus sabatinas; ha presionado a la Supercom para que arremeta contra diarios, canales, radios y periodistas a los que, con o sin razón, considera opositores, en cambio, el Presidente electo ha expresado, en forma reiterada, su respeto a las demás Funciones del Estado y a libertad de la prensa e, inclusive, ha manifestado su opinión de que debe reformarse la Ley de Comunicación y su desacuerdo con la sanción impuesta a los siete medios. Desde luego no faltan los escépticos en esta materia. El tiempo dirá la última palabra.

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