Alfredo Negrete

El juicio político

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26 de April de 2012 00:01

El Primer Mandatario manifestó su absoluta desconfianza con el juicio político y textualmente expresó que no permitirá que ninguno de sus ministros, que con tanto ahínco sirven a la patria, sean vilipendiados en el foro parlamentario. Tan peculiar apreciación que debe haber sido compartida por otros mandatarios en el pasado merece varias reflexiones. La primera es que demuestra la relatividad de las instituciones políticas que nacidas de una misma vertiente -el sistema democrático- tiene aplicaciones diferentes de acuerdo al tiempo y el espacio político de cada país. Una cosa es la reelección presidencial en EE.UU. y otra muy distinta la que se practica en Venezuela, Argentina o Ecuador. En el primer caso la continuidad de un periodo no afecta al sistema, en el otro lo pulveriza.

Lo mismo sucede con el juicio político que es consustancial a la fiscalización, que es la piedra fundamental del contrapeso entre las funciones del poder; de lo contrario, no hay democracia. Esto no significa que la sola mención irrite hasta la psicopatía a cualquier representante de la Función Ejecutiva, pues considera que su óptica -así como en materia de libertad de expresión- es la más cercana a la verdad y que en un proceso de enjuiciamiento político puede ser distorsionado hasta llegar a los límites de la desestabilización.

Nuestra historia es rica en los más variados casos. Desde la criminal tarea contra el país que la pagamos en 1941 por los juicios o fusilamientos políticos que imperaron en la década del 30 al 40 del siglo pasado, hasta memorables y pedagógicas confrontaciones. Entre estas es imposible olvidar el juicio de Pedro Saad a Camilo Ponce, el de Jorge Salvador Lara contra Carlos Julio Arosemena o el de León Febres Cordero contra Carlos Feraud Blum y Eduardo Ortega Gómez: incluso, esos procesos han sido objeto de desobediencia -sustantivo preferido al cortesano de desacato- como sucedió con el de Luis Robles Plaza ignorado por el Gobierno social cristiano.

Con estos antecedentes, el cruce de cartas entre los jefes de las funciones ejecutiva y legislativa debe merecer una atenta lectura interpretativa, más allá de lo inapropiado o sumiso de las respectivas misivas. Un acto más de prepotencia de parte del Presidente no tiene transcendencia. Sin embargo, si el cruce epistolar se lo evalúa en función de las próximas elecciones legislativas convertidas en ‘la madre de todas la guerras’, la respuesta a los exhortos y las disculpas legislativas sustituyen a la muerte cruzada por un castigo más ejemplar: no irán a la reelección en caso de mal comportamiento .

El problema no está en los prontuariados legisladores de la oposición, sino en las posibles desobediencias o deserciones de la bancada oficial. Si quieren ser díscolos busquen otro partido y olvídense de los recursos. En el Ecuador, a los males de la reelección presidencial se deben sumar la de los legisladores. En la repetición, más que el gusto está el verdadero poder.