José Ayala Lasso

Inmoral pacto ético

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El Presidente Correa ha solicitado el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el texto de una pregunta que ha decidido someter en consulta al pueblo el mismo día de las elecciones presidenciales próximas, con el propósito de impedir que quienes tengan bienes de cualquier naturaleza en un “paraíso fiscal” puedan ejercer funciones públicas.

Se han producido ya muchas reacciones críticas que consideran que tal pregunta modificaría el régimen de derechos reconocidos por la Constitución, discriminaría en contra de un grupo de ecuatorianos y crearía un mecanismo ad hoc para permitir que el ejecutivo burle la ley e intervenga en la campaña.

Creo que, además de los análisis jurídicos, es necesario esclarecer el motivo para que, en vísperas de una campaña electoral y bien entrado el plazo de un año anterior a las elecciones durante el cual no se pueden alterar las normas aplicables, Correa haya decidido consultar si el pueblo acepta que, por encima de la Constitución, deba prevalecer la irreflexiva obstinación presidencial.

Para gozar de legitimidad, la ley debe regular situaciones generales, es decir no estar dirigida a caso particular alguno. Sin embargo, la pregunta de Correa tiene como finalidad encubierta pero obvia el propósito de inhabilitar a un ciudadano ecuatoriano con nombre y apellido, que democráticamente ha presentado su candidatura a la presidencia, a quien Correa ha atacado en razón de su posición económica, rompiendo así principios sustantivos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de todos los convenios relativos a esta materia.


Peor aún, Correa ha querido ocultar su temor a la mencionada candidatura disfrazándolo con los colores de un “pacto ético” basado en la premisa de que toda persona que haya sacado su capital o tenga intereses en paraísos fiscales, aún si se hubiere sujetado estrictamente a la ley, comete un acto amoral contrario a las conveniencias nacionales. Correa juzga así con un mismo parámetro a quienes sacan sus capitales legalmente para ponerlos a trabajar y producir y a quienes lo hacen para ocultar manejos económicos contrarios a la ley. Si sacar al exterior los capitales obtenidos en el Ecuador es contrario a la ética laica, lo mismo daría que esos dineros vayan a un paraíso fiscal o a un país europeo para comprar una vivienda familiar.

La pregunta que Correa quiere hacer al pueblo busca confundir y afectar específicamente a una candidatura. A su ilegitimidad de origen añade la hipocresía de pretender asumir el ropaje de un “pacto ético” que no engaña a nadie. Y previendo el fracaso de esta maniobra, Correa ha dicho que si la oposición le molesta, “se lanzará” nuevamente a la palestra política electoral. Poco le importa que la ley vigente se lo prohíba: para él, su voluntad es la ley.