Carlos Jaramillo

Incertidumbre y apremio

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1 de September de 2012 00:03

Día a día crecen la incertidumbre y desconfianza de la ciudadanía ante el escándalo sin precedentes de las decenas de miles de firmas utilizadas en forma fraudulenta para la inscripción de partidos y movimientos, y la cuestionada actuación del Consejo Nacional Electoral.

Ninguna agrupación política que busca su registro se libra de dicho estigma. Incluso se dio el caso absurdo de un movimiento que ni siquiera ha intentado inscribirse esta vez, pero también ha sido acusado de presentar firmas falsas.

Hace algún tiempo ya se había denunciado el mercado negro de firmas, en el que, según indicios comprometedores, estarían involucrados empleados del propio CNE y representantes de organismos políticos, pero recién, cuando el agua llegó al cuello, se dio atención a tan grave problema.

El Consejo Nacional Electoral, cuyos personeros han sido inculpados en forma reiterada de parcialización y sumisión al Ejecutivo, ha tenido una serie de traspiés en la verificación visual de las firmas, para lo cual ha recurrido a una legión de “grafotécnicos” doctorados tras cuatro horas de capacitación. Mientras tanto, se multiplican las conjeturas de que se intentaría poner obstáculos para la participación de fuerzas opositoras a Alianza País en los comicios de febrero, y lograr que sea elegido o mejor dicho reelegido su candidato presidencial en la primera vuelta, ya que sería peligrosa una alianza de la neopartidocracia para la segunda. En cambio, el Presidente de la República ha manifestado que “es uno de los más grandes fraudes y que muestra de cuerpo entero el nivel de corrupción y la falta de escrúpulos de cierta clase de políticos”.

Lo grave es que falta apenas mes y medio para la convocatoria a los comicios y, en realidad, no hay partidos ni movimientos legalmente constituidos, pese a que 11 de ellos ya fueron inscritos en el Registro Nacional Permanente de Organizaciones Políticas antes de que estalle este bullado escándalo, pero fueron sometidos a un nuevo y riguroso examen.

Más aún, ni siquiera saben cuántas firmas de respaldo les faltarían para completar las 157 000 que establece la ley y no dispondrían de tiempo suficiente para la selección de candidatos, alianzas, estrategias, etc.

Esta nefasta situación constituye, sin duda, un atentado contra el proceso electoral y contra la democracia y los personeros de los organismos correspondientes están obligados a aunar esfuerzos para descubrir a los autores, cómplices y encubridores, a todo nivel, caiga quien caiga, y sancionarlos en forma ejemplarizadora. Y, al mismo tiempo, allanar el camino para que, pese a los temores existentes, se cumplan con transparencia las diversas fases del complejo proceso eleccionario. Como pocas veces, la mirada de propios y extraños está atenta a cada paso que dé el inefable CNE.