Enrique Ossorio

Hecho en Ecuador

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Columnista invitado
Para sorpresa de muchos, la noticia comenzó a sonar esta semana en Argentina: el gobierno de Mauricio Macri analiza aplicar la denominada “Ley de Góndolas”, que el presidente Rafael Correa impulsó en Ecuador, para frenar la inflación y fomentar las economías regionales.
Se trata ni más ni menos que de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, con plena vigencia en abril de 2012, nacida con el objetivo de evitar cualquier abuso de los formadores de precios.

En tiempos de crisis económicas y vacas flacas, queda demostrado una vez más que es fundamental contar con rol activo de la política pública que proteja el bolsillo de la ciudadanía. Sin dudas, y Ecuador ha sido pionero en este sentido, es necesario lograr un acuerdo social en toda la región–que articule y contemple los esfuerzos de cada sector- con el objeto de mejorar las condiciones de la economía en beneficio de la calidad de vida de la población.

Para cumplir con esa premisa, no hay otra fórmula posible que volcar la balanza en favor de los productores locales y los consumidores que son los que día a día dinamizan la actividad económica. Superando los obstáculos ideológicos, desde Buenos Aires, los economistas que forman parte de las filas macristas, atosigados por los incrementos en los precios, se aprestan a echar mano de la biblioteca de la Revolución Ciudadana para ensayar una solución.

Dejando de lado los prejuicios ortodoxos, Argentina, tal como se ha fijado desde la entrada en vigencia de la ley ecuatoriana, se encamina a establecer que las cadenas de supermercados estén obligadas a ofrecer al menos el 20% de sus espacios de venta a productos de pequeñas y medianas empresas, y del interior del país, para darle batalla a los aumentos de precios.

La norma ecuatoriana incluyó también un Manual de Buenas Prácticas para Supermercados, que diseñó la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, donde se obliga a las empresas a pagarles a los proveedores en un plazo máximo de 60 días y fuertes sanciones económicas y hasta clausuras a los supermercados que no cumplieran con sus obligaciones.

Lejos de afectar de la libertad de comercio y el desaliento de la inversión, como pregonan algunos antipatrias, no quedan dudas, pese a quien le pese, que es el Estado –¿quién otro si no?- el que tiene la función esencial de proteger los intereses de la ciudadanía, compatibilizándolos con los del sector empresario, pero no dejándolos librados a los vaivenes del mercado.

Así, nuevamente Ecuador, y el Gobierno de Rafael Correa, demuestran que el desarrollo de políticas innovadoras, trasciende ideologías y fronteras, y que dan cuenta de un modelo de gobierno que prioriza la solución de los problemas y el generar las condiciones para lograr que prevalezcan la inclusión y el desarrollo, por sobre cualquier otro indicador, como ejes fundamentales para el progreso de las naciones. No hay desarrollo posible sin inclusión.