Walter Spurrier

Insaciable

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El objetivo primordial de las políticas económicas, que opaca todos los demás, sería captar más fondos, no importa cómo, para saciar el apetito de la administración pública.

Se deteriora la calidad de vida de los ciudadanos que trabajan por su cuenta: hay menos clientes; el costo de vida sube. Subió en mayo con la reforma tributaria vigente y subirá más en junio con el alza del IVA.

Los empleados de empresas privadas están bajo la espada de Damocles del despido; el desempleo aumenta. En relación al cuarto trimestre de 2015, en el primer trimestre de 2016 se destruyeron 211 000 empleos adecuados.

En el primer trimestre el rol de pagos de las administraciones públicas crece en 6%: USD 41 millones mensuales. Es la misma cifra que se pretende recaudar con la reforma tributaria aprobada en abril. El alza de precios en colas, bebidas energizantes, con azúcar agregada, cerveza, cigarrillos y telefonía empresarial, más la reducción en prestaciones a personas con discapacidad y ancianos servirán exclusivamente para financiar el aumento en sueldos burocráticos.

Se pretexta para prorrogar la salvaguardia que es necesario reducir importaciones debido al déficit de balanza comercial. Si fuera cierto, no se gravaría a los insumos incorporados a las exportaciones ni a los bienes de capital para exportar, y lo recaudado por la salvaguardia se aplicaría para cumplir con el compromiso de devolver los tributos a la exportación. No se lo hace y las exportaciones privadas caen. La salvaguardia es fiscalista.

La venta de la hidroeléctrica Sopladora, igual. No hay un mercado energético. Todo es estatal. El Estado regula hasta el despacho de energía, los clientes (las distribuidoras eléctricas) son estatales, la competencia también. Hasta el agua que llega a las turbinas depende de decisiones de dos centrales estatales aguas arriba. Supongo que a quien compre Sopladora se le ofrecerá un contrato con precio atractivo a pagarse por kilovatio de potencia instalada, independiente de si genera. Quien compre no correrá riesgo: tiene asegurada una renta. Lo que estaría haciendo el Gobierno sería prevender ese flujo de dinero, algo parecido a lo que hizo con el petróleo.

Cuando el terremoto deja en evidencia fallas estructurales en muchas construcciones en Manabí, la reacción de los poderes públicos es crear otra burocracia estatal. Cuando lo que cabe es un sistema permanente de capacitación, brindado por los municipios de Quito, Guayaquil y Cuenca a los del resto de la República, sobre cómo controlar la calidad de las construcciones. No usurpar para el Gobierno central competencias de los gobiernos seccionales.

Esto tiene que cambiar. El país no aguanta un año más en que todo esté supeditado a calmar el apetito fiscal. El mundo al revés: el pueblo, al servicio del Estado.