Marco Arauz

Sí a las enmiendas

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El Ecuador -y sobre todo Quito, sobre la cual la propaganda oficial a propósito de sus fiestas de fundación española dice que ‘la revolución la lleva más alto’- ya ha visto cómo la clase política es capaz de actuar corporativamente para defender su sobrevivencia. Y cómo es capaz de atrincherarse para lograrlo.

Si tan sociabilizadas estaban las enmiendas aprobadas para la sobrevivencia de un ‘proyecto’ que creció entre la bonanza económica y el quemeimportismo ciudadano, no se entiende por qué era necesario encerrarse frente a una oposición frustrada y débil. Tal despliegue de fuerza debiera estar dirigido a otras causas, pero el Presidente pide menos pasividad.

También suena paradójico que los reyes de las encuestas hayan preferido ignorar la inconformidad ciudadana de que los cambios constitucionales se hagan por enmienda y no por consulta popular, tan apetecida por AP cuando le era útil incluso en temas de menor cuantía. Si de verdad pueden seguir ganando tres a uno, ¿por qué escoger una vía legal de dudosa legitimidad?
¿Qué logra AP con estas enmiendas controladas? En la práctica, la comunicación ya es manejada por el Gobierno a su antojo, a partir de un sistema de comunicación que cumple consistentemente su papel de silenciamiento a las voces críticas. Faltaba la guinda en el pastel.

Hay dos enmiendas que puedan traer cola y que no se resuelven por el solo hecho de refrendarlas como texto constitucional. Se deja sentado que la misión de las Fuerzas Armadas es defender la soberanía y la integridad nacional y, complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado.

Asimismo, el pago de las pensiones jubilares tanto de militares como de policías queda “garantizado” por el Estado, tal como quedaron “garantizados” los fondos de pensiones de los jubilados cuando se eliminó el aporte estatal obligatorio.

Es difícil entender en cuánto ayuda al ‘proyecto’ quitarle a la Contraloría la revisión de la gestión de las instituciones y constreñirla al uso del dinero. Hay reformas al modelo administrativo pero, sobre todo, se limita la consulta popular impulsada por los gobiernos autónomos a temas de su competencia.

Incluso la reelección presidencial y su transitoria, que quiere presentarse como una prueba de desprendimiento de AP, resulta intrascendente en la medida en que falta el pronunciamiento de la Corte Constitucional y, sobre todo, conocer las verdaderas intenciones sobre la reelección. Ayer el Presidente volvió a hablar de su posible candidatura para el 2017.

Haber dicho sí a las enmiendas -y a renglón seguido anunciar otras- se asemeja a un ritual de reivindicación de poder. Si se es ‘uno de los gobiernos más populares del planeta’, lo adecuado era consultar y no atrincherarse. Es inútil pedir generosidad a quienes se han acostumbrado a la adrenalina del poder, pero el país y Quito se merecían un poco de sensatez.

marauz@elcomercio.com