Emilio Godoy

Energías limpias y sus víctimas

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Los crecientes proyectos de generación eólica y solar en el estado de Yucatán son parte de un cambio positivo en la matriz energética de México. Pero en las comunidades afectadas esa expansión no se percibe igual, por la falta de información y consulta y por lo que altera sus vidas.

“No tenemos información. Tenemos ciertas dudas, hay gente que dice que es bueno y otra que es malo. Hemos escuchado lo que se dice en otros estados”, dijo a IPS el campesino Luís Miguel.

Este indígena maya reside en Kimbilá, una localidad del municipio de Izamal que es la sede de un hasta ahora fallido emprendimiento privado de eoloenergía, frenado por la oposición de sus 3 600 habitantes y en particular de un ejido (tierra pública adjudicada para su explotación comunitaria), sobre cuyas tierras se instalaría el parque eólico.

“Tememos que perjudiquen nuestros cultivos”, enfatizó Miguel, cuyo padre es uno de los 573 integrantes del Ejido de Kimbilá, situado en el norte de la península de Yucatán, a unos 1 350 kilómetros al sureste de Ciudad de México. La obra cuestionada, a cargo de la empresa española Elecnor, que incluye la instalación de 50 aerogeneradores para la obtención de 159 megavatios hora al año.

La corporación instaló una torre anemométrica en 2014, pero la población local, que vive del cultivo de maíz y hortalizas, la cría de pequeña ganadería y la cosecha de miel, apenas supo del proyecto hasta enero de 2016.

Desde entonces, en el ejido se organizaron dos asambleas y otra más se suspendió, sin llegar a un acuerdo para dar su aval al arrendamiento por 25 años de las tierras necesarias para el proyecto.

Entre tanto, en febrero de ese año, ejidatarios presentaron una queja contra la Procuraduría Agraria por su apoyo a los intereses de la empresa, impulsando asambleas contrarias a la legalidad para estos instrumentos comunitarios.

El parque tendría una vida útil de 30 años, incluidas las fases de preparación, construcción y operación, y para las cuales necesita 77 hectáreas de las 5 000 del ejido.

La empresa ofreció entre cinco y 970 dólares anuales por hectárea, según la utilidad de la tierra para la granja eólica, una propuesta que causó malestar entre los ejidatarios. Además, les daría 1,3% de la facturación por la energía generada. Pero la electricidad no atendería la demanda local.

“No hemos tenido información. A quienes trabajan la tierra no les conviene. Se va a destrozar el monte y 30 años es mucho tiempo”, señaló el apicultor Victoriano Canmex a IPS.

Este ejidatario, también maya, expresó su temor por el posible daño a las abejas, “porque se abrirían caminos con maquinaria pesada”. “Dijeron que podían reubicar los apiarios y no saben nada de apicultura. No es justo, nos vamos a quedar sin nada”, se quejó.

Emilio Godoy
Interamerican Press Service