Los cancilleres de la comunidad andina, reunidos recientemente en Lima, acordaron eliminar al Parlamento Andino de la estructura del sistema andino de integración. Reaccionó el parlamento aprobando una declaración el 25 de septiembre, en la que rechaza tal decisión por considerarla atentatoria contra la democracia, la legalidad y la participación de los pueblos en el proceso integracionista.
Los cancilleres han expuesto dos razones para sustentar su decisión: la falta de eficacia del Parlamento Andino y su costo. El sistema andino de integración tiene una larga y honorable historia, es el más antiguo del hemisferio y sus instituciones siguieron el ejemplo de la Unión Europea. Además del órgano ejecutivo, fueron creados un tribunal de justicia y un parlamento. Se firmaron también acuerdos específicos sobre educación, salud, seguridad social, finanzas y otros que funcionan de manera eficiente. Sin embargo, dentro de la crisis general de la comunidad andina, es verdad que el parlamento no ha cumplido sus deberes con eficacia lo que, más que a su estructura, es atribuible a la incapacidad de los parlamentarios y a su renuencia a defender con claridad las libertades, los derechos humanos y la democracia.
Los costos, por altos que pudieran ser, se justificarían si los parlamentarios cumplieran los objetivos para los que se les eligió: ampliar la participación de los pueblos en el proceso de integración, fortalecer el ejercicio efectivo de la democracia, sustentar el pleno imperio de la libertad y la justicia social, velar por el respeto de los derechos humanos y contribuir al afianzamiento de la paz y la justicia internacionales, según reza el tratado constitutivo del parlamento.
Por otro lado, decir -como lo han hecho los cancilleres- que el parlamento de Unasur volvería innecesario al andino equivaldría a negar validez al primero en vista de la existencia del parlamento latinoamericano.
Al explicar su rechazo a la decisión de los cancilleres, el Parlamento Andino manifestó además que con dicha decisión se pretende eliminar el control político y democrático que tal institución ejerce sobre todos los órganos del sistema, “dejando al proceso en manos de la voluntad de los gobiernos de turno”.
Creo que es oportuno recordar que el art. 20 del pacto constitutivo del parlamento dice: “El presente tratado permanecerá en vigencia durante todo el tiempo que se halle en vigor el Acuerdo de Cartagena y no podrá ser denunciado en forma independiente de éste. La denuncia del Acuerdo de Cartagena comportará la del presente tratado”, lo que equivale a decir que la suerte del Parlamento Andino está ligada a la de la comunidad andina en su conjunto.
Siendo esto así, la decisión de los cancilleres ¿es un anuncio o hace presagiar el fin de la comunidad andina?