Tal como sucede con todos los temas en un mundo interconectado, la comunidad internacional, a través de sistemas como la ONU y la OEA, ha hecho públicas en estos meses observaciones sobre algunos puntos claves del proyecto de Ley de Comunicación. El acuerdo legislativo de diciembre del 2009 se comprometió a cotejar el proyecto de ley con la normativa internacional.
Pero pese a que una democracia se afinca y valora por su grado de respeto a la libertad de expresión de la gente, el proyecto aprobado por la mayoría oficialista de la Comisión Ocasional de Comunicación y cuyo procedimiento ha sido cuestionado, no acogió observaciones esenciales.
En torno a la conformación del Consejo de Comunicación, la OEA dijo que no reunía las garantías de autonomía; la Unesco sostuvo que debería tener autonomía administrativa y financiera; y la ONU que debe ser independiente de los poderes. La mayoría oficialista desoyó el acuerdo legislativo multipartidista e incluyó a representantes del Ejecutivo.
La OEA cuestionó la censura previa; la Unesco observó que las condiciones de la información (ver numeral nueve del proyecto final) afectan a la libertad de expresión; y la ONU fue más allá y cuestionó la responsabilidad ulterior.
Tanto la OEA como la Unesco se oponen a las limitaciones por la titulación profesional para el ejercicio del periodismo; la Unesco apunta que viola instrumentos internacionales: y la ONU recomienda los cursos de capacitación.
La OEA cuestionó el cierre de medios y la Unesco dijo que era sensible sancionar a periodistas y medios de comunicación. El proyecto se mantiene en las sanciones.
La libertad de expresión de la ciudadanía, si un proyecto así prospera, corre un serio peligro. El mundo observa.