10 de February de 2012 00:01

EL CONTROL DE LA COMUNICACIÓN

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La comunicación pertenece a la gente. No es graciosa concesión de los medios ni de los periodistas. Distintas radios, varios canales de TV, revistas, muchos periódicos y las más avanzadas plataformas tecnológicas y redes sociales por las que se expresan sin intermediarios las personas son la huella de la libertad y la democracia.

El proyecto sancionador y controlador que en distintas versiones ha intentado imponer el Régimen ha bloqueado el indispensable consenso que una ley así merece.

Se violó el Acuerdo Ético-Político, un compromiso de todas las fuerzas parlamentarias, y se insiste en un instrumento atentatorio contra la libre expresión, contraviniendo los compromisos de respeto a los DD.HH. y el marco de legislación internacional sobre la materia que el Ecuador está obligado a respetar de modo irrestricto. Citamos unos ejemplos. Se considera que los medios, estatales y privados, son un servicio público -como si de entes burocráticos se tratase-, cuando su labor se brinda al público, lo cual es cosa muy distinta (art. 4).

Uno de los objetivos es “cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de las noticias” (art. 10), lo cual es apenas obvio y corresponde a profesionales experimentados y no a un Consejo Regulador que puede ejercer así control político.

En el artículo 29 hay una cláusula de reserva para la información producida por la Fiscalía en el marco de una indagación previa, lo que condena al periodismo de investigación a no revelar casos de interés público que pudieran ocultarse bajo esta fórmula.

Pese al simulacro de debates para “socializar” la Ley, su aprobación completaría un ambiente sumamente adverso para las libertades.

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