El lunes 10 de diciembre es el Día Universal de los Derechos Humanos. Resulta toda una ironía que en esa misma fecha el grupo de imputados de actos subversivos, encontrados por una emboscada policial en el populoso barrio de Luluncoto, en Quito, deba acudir a una audiencia de juzgamiento en el Tribunal Tercero de Garantías Penales.
A los acusados se les atribuye la colocación de bombas panfletarias que estallaron en noviembre del 2011 en Quito, Guayaquil y Cuenca. Los informes dicen que pudieran pertenecer a Sol Rojo, una organización que hace algunos años recibió acusaciones similares.
La Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, que dirige Elsie Monge, se apersonó del tema. Fue una organización muy activa en la época de Febres Cordero, cuando dos grupos subversivos, Alfaro Vive Carajo y Montoneras Patria Libre, desplegaban su clandestina actividad. Hoy, algunos de los antiguos militantes de esos grupos están en el Gobierno.
En este caso no han aparecido otras organizaciones vinculadas en el pasado con una defensa activa de los derechos humanos. Muchas de esas organizaciones o sus dirigentes han sido cooptados por el movimiento oficialista.
En el caso de los indígenas que irrumpieron en la cita presidencial de Otavalo también se lanzó la acusación de terrorismo. Hay una suerte de judicialización de la protesta social que preocupa. Parece todo un contrasentido. Entre los materiales incautados a los acusados de Luluncoto había textos alusivos a la figura de Ernesto ‘Che’ Guevara, guerrillero símbolo de la lucha revolucionaria cuya figura exaltan, en tarimas, cantatas y sabatinas, muchas figuras del Régimen. Se impone la aplicación del debido proceso en este delicado caso de derechos humanos.