Tiempo de lectura: 1' 34'' No. de palabras: 256

No es síntoma saludable que el jueves último se hayan producido forcejeos, empujones e imposición de la fuerza para transportar las firmas que present ó el colectivo Yasunidos. Aunque luego se han hecho acuerdos mínimos, el episodio deja mucho que desear.

El instrumento de consulta directa al pueblo, puesto en vigor desde los albores del retorno a los gobiernos civiles, ha sido recurrente desde 1978. Es más, este Gobierno lo ha puesto en la agenda de su política de democracia directa como un instrumento al que le ha otorgado alto valor simbólico y práctico. Muchas veces la tarea legislativa del órgano competente, que pudo haber viabilizado varios procesos de reforma, fue superada por esta concepción del Régimen.

A tal punto llegó la consideración de este camino en la propuesta política, que la Constitución la privilegia como parte de su visión de un Estado garantista.

Luego de largos años y millonarias campañas, el Gobierno logró convencer a una parte de la población de que el petróleo debía quedar bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní.

Hoy, cuando un importante colectivo social piensa que este tema debe consultarse al pueblo, contrariando el pragmatismo de reciente data exhibido por el Gobierno, el proceso de revisión y aprobación de firmas debe ser transparente y el Consejo Nacional Electoral está en la obligación de garantizarlo.

Nada está por encima del espíritu de la norma: asegurar que la voluntad popular se cumpla.

Califique
2
( votos)