Mala prensa es la que distorsiona la información. La que la ignora. La que responde a intereses específicos, sean estos públicos o privados, económicos o políticos, e informa en función de esos intereses. Ejemplos hemos tenido muchos.
Los canales de televisión pertenecientes a un poderoso grupo económico defendían intereses, legítimos e ilegítimos y empapelaban a quien les denunciaba o contradecía. Hacían muy mal, en manos privadas, como hacen muy mal en manos públicas, si tienen el mismo procedimiento, porque ni los unos ni los otros son independientes, condición sine qua non de la buena prensa. Ignorar lo que sucede es también ser mala prensa. Las marchas que se realizaron el 1 de mayo son una muestra palpable.Las dos marchas, las de los trabajadores y la del Gobierno, merecían igual información, pues las dos representaban hechos reales, existentes. Las dos fueron numerosas. Al margen de cuál tuvo más gente –la plaza de San Francisco tiene más cabida que la de Santo Domingo, y las dos estuvieron llenas- las dos debían ser equitativamente informadas.
Los tres canales de televisión del Gobierno transmitieron la marcha de respaldo al Régimen en directo, durante varias horas. Y no dijeron una palabra sobre la marcha de los trabajadores, como si no se hubiera realizado. Y ningún otro canal la transmitió tampoco, como si han hecho en ocasiones anteriores, signo de los tiempos difíciles que vive la prensa, la buena.
En contraste, la revista Vistazo publica en su número de mayo 8, una investigación del reconocido periodista Cecilio Moreno relacionada con la construcción de almacenamiento de gas en Monteverde, contratado por Flopec bajo régimen de emergencia.
Las cifras y circunstancias ahí citadas son apabullantes: en julio del 2008 se dijo que el proyecto tenía un presupuesto de 233 millones de dólares y que se construiría en dos años. Seis años después, con cuatro años de atraso, se inauguró la obra que terminó costando 570 millones de dólares.
También se espera construir otro gaseoducto hasta la refinería del Pacífico, cuya financiación no existe –en el que se han invertido más de 300 millones de dólares en movimientos de tierra y trabajos de adecuación del terreno-. Al haberse emprendido en un proyecto de sustitución de las cocinas de gas, con el buen criterio de disminuir el subsidio, la demanda y el consumo de gas bajarán, limitando las perspectivas de utilización eficiente de la millonaria inversión. Al final, la investigación pregunta: ¿Se habría realizado así la obra si el Gobierno tenía claro el verdadero monto de inversión, dos veces y media más que el previsto, en un plazo cuatro años mayor? ¿Se justifica esa inversión al mismo tiempo que se promueve -con razón- la disminución del consumo?
Una investigación seria, de buena prensa, que sustituye a los entes que deben fiscalizar y no lo hacen cuando no son independientes, como la mala prensa.