Marcelo Ortiz

El fin del Poder Judicial

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19 de January de 2013 00:01

Quedará absorta la ciudadanía cuando a fines de enero 2013 la Asamblea posesione a los cinco miembros del Consejo de la Judicatura vinculados estrechamente al hiperpresidencialismo, cuya designación se aprobó el 9 de enero en 24 minutos en sesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta poderosa entidad investida por la Constitución de Montecristi de la capacidad jurídica que tenía el Congreso pluripartidista, sin concurso alguno ni de conocimientos ni de méritos y apoyados en dudosas disposiciones reglamentarias, anuló la independencia del pilar básico de la democracia: el Poder Judicial.

La figura máxima del Poder Judicial siempre ha sido la Corte Suprema de Justicia desde 1830. En la Constitución vigente se le despojó del poder máximo, al dejarla como Corte Nacional y eliminó las Cortes Superiores como 2ª. instancia de justicia haciéndolas Provinciales. Sus integrantes en categoría de ministros eran elegidos por el Congreso Nacional y ocupaban la cúpula, ellos nombraban a ministros de 2ª. instancia, y dichas Cortes nominaban a quienes formaban el primer nivel básico de jueces por millares en todo el país. Ahora está destruida esa necesaria jerarquía, más aún cuando determinaron que el Tribunal Constitucional, transformado en Corte, tenga la facultad de revisar las sentencias de la Corte Nacional de Justicia. Allí reside ahora el último peldaño de la Justicia integrado por personas de vínculo estrecho al Ejecutivo. Por eso, el correísmo exhibe su propaganda estrella: apoyen sus listas para tener mayoría en la Asamblea y así consolidar su poder absoluto. ¿Cómo será el Ecuador de fachada democrática con los poderes legislativo-fiscalizador y el judicial absorbidos/anulados por el Ejecutivo? Y para que haya constancia, desde estas líneas, que no están destinadas a la lectura de las masas, destaquemos el ámbito de poder que tiene el Consejo de la Judicatura, art. 264 del Código Orgánico de la Función Judicial: Designación y evaluación de jueces y conjueces nacionales -léase ministros de la ex Corte Suprema de Justicia- y a los que trabajan en provincias, y a la totalidad de la Fiscalía General del Estado.

En el sector inmediato está la destitución y las sanciones disciplinarias, con lo cual millares de integrantes de la administración de justicia están advertidos que con 3 votos de 5 miembros del Consejo de la Judicatura sus cargos son vigilados, ¿por quiénes? Por su presidente Gustavo Jalkh, abogado, hasta hace pocas semanas secretario particular del Jefe de Estado y su ministro de gobierno en el 30S; Néstor Arbito, abogado, ex ministro del Régimen); por último, Paulo Rodríguez, un ingeniero en telecomunicaciones que… ¿cuánto conoce sobre Derecho? Así, por primera vez en 183 años queda destruida la independencia del Poder Judicial.