15 de January de 2011 00:00

Defensa de la democracia

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José Ayala Lasso

En diciembre último, la feneciente Asamblea Legislativa venezolana otorgó al presidente Chávez la facultad de legislar por decreto, por 18 meses, con el fin de afrontar la “emergencia nacional”. En virtud de esa “ley habilitante”, la nueva Asamblea, en la que la oposición a Chávez está ampliamente representada, vio drásticamente disminuidas sus facultades.

El 16 de diciembre, juristas y profesores de universidades venezolanas afirmaron que “utilizar el poder público sin obstáculos ni límites...no hace otra cosa que desnudar la apetencia de poder de los actuales gobernantes”.

El Secretario General de la OEA -Insulza- dijo que la medida es “contraria” a la Carta Democrática Interamericana. En efecto, la Carta considera como elementos esenciales de la democracia el respeto a los derechos humanos, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho, la independencia de los poderes públicos, la transparencia de las actividades gubernamentales. Añadió que la OEA podría examinar el tema. Ya en 2002, otro secretario general -Gaviria- criticó el recurso a la “ley habilitante” por propiciar la aprobación de normas “sin debate parlamentario y sin discusión pública”.

La reacción de Chávez fue la usual: descalificó a Insulza y le acusó de intervenir en asuntos internos de Venezuela y de ser un “lacayo del imperio”.

La Carta Democrática estableció un nuevo estándar de conducta internacional que, ante un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado, promueve la solidaridad con un gobierno democráticamente elegido, pero, además, la solidaridad con el pueblo de un país cuyo gobierno irrespeta los valores esenciales de la democracia.

La posibilidad de que la OEA analice la ley habilitante son pocas y podría suscitar su fragmentación política. Parece que Insulza habría recordado las duras críticas a la OEA por no haber actuado, en el pasado, con decisión e iniciativa ante los abusos protagonizados por gobiernos autoritarios.

Nicaragua, Bolivia y Ecuador se han pronunciado en contra de Insulza recordándole que es un “empleado” de los gobiernos. Sin embargo, hay que respetar los compromisos aceptados en la Carta Democrática. El camino no será fácil. Hay un antecedente que debería recordarse: en el gobierno de Roldós, Ecuador logró que se reconociera que la acción internacional concertada, frente a graves violaciones de derechos humanos, no constituye una intervención en asuntos internos. En 1993, la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos reafirmó ese principio, a nivel mundial. La Carta Democrática busca la estabilidad de los gobiernos libremente elegidos pero propicia, sobre todo, la vigencia de los valores esenciales de la democracia. Si el Secretario Insulza así lo ha entendido, hay que apoyarle y no expresar temor al precedente que podría crearse.

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