Grace Jaramillo

El fin de la decencia

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Vivo en un país donde –hace apenas dos años- la Ministra de Cooperación Internacional tuvo que renunciar a su cargo porque tuvo la indelicadeza de alojarse en una suite y ordenar un vaso de jugo de naranja que costaba 16 dólares, todo un abuso.

Aquí hay muy poca tolerancia a cualquier acto de corrupción y la opinión pública no tardó en condenar la indelicadeza de la ministra con dinero que le pertenece a todos los contribuyentes.

Canadá es un país siempre dispuesto a gastar 23 millones de dólares para investigar los abusos de confianza de sus parlamentarios aunque solo generó glosas por 93 000 dólares. Aquí no solo se condenan los centavos demás que los políticos gastan del dinero de todos, sino que el mismo hecho de hacerlo demanda la inmediata renuncia del aludido, sin descontar posibles procesos penales en su contra. Los casos de abuso son tan sonados que parece una ruidosa telenovela puesta en estéreo en todos los canales que no parece terminar. En Ecuador lo llamarían linchamiento mediático.

No hay que ser extraterrestres o vivir en países en vías de desarrollo para demandar respeto por el dinero de todos, pero sobre todo, respeto por la honorabilidad de los funcionarios públicos. Los ‘Papeles de Panamá ‘despertaron otra vez el debate de esa olla de grillos que ahora son el Estado y los evasores de impuestos. Son parte de la ola de filtraciones a la que podemos acceder gracias a la tecnología, pero sobre todo al sentido democrático de países que albergan periodistas y ‘hackers’ con un alto sentido de la ética. No es casual que la sede periodística de esta investigación esté en Alemania, un país que no va a perseguir a ninguno de los miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que iniciaron esta historia.

Ecuador no era diferente. Recuerdo que en un tiempo no muy lejano, funcionarios públicos involucrados en cualquier denuncia, tenían la decencia de renunciar hasta que se aclaren las dudas sobre su honra o su conducta. En muchos casos la denuncia era falsa, pero en otros casos esta se confirmaba. Lo importante es que el funcionario demostraba con su acto de desprendimiento que le importaba más el país que él, que guardaba un profundo respeto por el cargo que le fue temporalmente confiado y por el público que era su mandante. En síntesis, se trataba de rescatar la honra de lo público antes que la honra personal y de consolidar así el respeto hacia el Estado, que tanto le importaba a este gobierno en sus inicios.

Así que no veo ninguna excusa razonable para que el Dr. Galo Chiriboga no renuncie a su cargo de fiscal general de la Nación, un puesto que en cualquier lugar del mundo demanda una probidad sin lugar a ninguna duda, sombra o sospecha por más leve que esta sea. Un cargo que debería ser la piedra angular de la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia. Es simple cuestión de ética. La imagen del país está en juego.