Estrella Gutiérrez

Corrupción acumulada

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La corrupción es inherente al sistema político nacional, permite concluir la abrumadora oleada de denuncias que empezó a trascender de la colaboración judicial de Odebrecht, conglomerado empresarial encabezado por la mayor constructora de Brasil.

Pero es una conclusión sesgada, que diluye responsabilidades personales y favorece la impunidad. Tanto políticos que recibieron sobornos como los empresarios que las ofrecieron se dijeron forzados por las reglas del juego, unos para suplir desventajas electorales, otros, para obtener contratos públicos. Setenta y siete dirigentes y exdirigentes de Odebrecht aceptaron revelar lo que saben de la delictuosa relación que mantuvieron con los políticos en los 10 últimos años, por lo menos. Se estima que unos 200 parlamentarios y gobernantes están en su lista de “beneficiarios”.

“Una corrupción implacable siempre estuvo presente en la historia de Brasil, desde su origen colonial. Lo que pasa ahora es que se destapó el calderón, el choque de por primera vez enjuiciar a gente de poder”, resumió Roberto Livianu, Promotor de la Justicia del estado de São Paulo y presidente del Instituto No Acepto Corrupción. El destape se debe a la operación “Lava Jato”, iniciado en marzo de 2014 por una investigación del Ministerio Público Federal (fiscalía general) y Policía Federal sobre operaciones ilegales de cambio de un grupo que usaba como fachada a una red de gasolineras con autolavado de vehículos, motivo del nombre.

La operación creció al identificar la desviación de abultadas sumas de los grandes proyectos de Petrobras, a través de la complicidad entre directores de esa petrolera, políticos y empresas que conquistaron grandes negocios públicos.

Miles de millones de dólares artillaron las campañas electorales de los grandes y medianos partidos para eternizarlos en el gobierno, consagraron coaliciones y persuadieron parlamentarios a aprobar leyes y enmiendas de interés de las empresas donantes. Esa fisiología del sistema político se desnudó por la colaboración, llamada “delación premiada” por rendir reducción de penas, de decenas de involucrados, multiplicados desde diciembre por la adhesión, de un solo golpe, de los 77 de Odebrecht.

La operación Lava Jato descarriló ese tren.
“Es la luz en el fin del túnel, instituye un nuevo paradigma de investigaciones con el trabajo integrado de varios órganos en fuerzas-tarea”, celebró Livianu, reconociendo sin embargo muchos desafíos por delante, para un combate efectivo a la corrupción.

“El gran obstáculo es el foro privilegiado”, destacó, refiriéndose a la prerrogativa de muchas autoridades de ser investigados y juzgados exclusivamente por tribunales superiores. Sin ese foro ya estarían presos hoy los senadores Renán Calheiros, Edson Lobão y Romero Jucá”. Los tres fueron ministros en gobiernos anteriores y siguen con importantes funciones de liderazgo en el parlamento, aunque respondan a decenas de procesos por corrupción, demorados en el Supremo Tribunal Federal (STF).