Grace Jaramillo

Un poco de contexto

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5 de February de 2012 00:01

Hace algunos años durante una conferencia en Washington, un funcionario de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos –AID- decía con nostalgia: “Hoy la UE es la fuerza democratizadora más importante del planeta”. Sana envidia, pues a pesar de los esfuerzos de su agencia, la fuerza de mercado y los principios que defendía el acuerdo de integración europeo habían sido mucho más eficientes en convencer a ex países socialistas de adoptar un régimen democrático y de derechos humanos.

La UE planteaba otro tipo de tratados de comercio, con capítulos políticos y de cooperación. Se ponía énfasis en el irrestricto respeto a los derechos humanos y el imperio de la ley. En el 2008, la UE consideró que ni Colombia, ni Perú ni Ecuador estaban listos para un acuerdo de este espectro, así que propuso solo negociar “comercio”. Perú y sobre todo Colombia se apuraron –con sabiduría- para aceptar la propuesta. Ecuador no lo hizo. Insistió en el tema, a pesar de múltiples advertencias de que esto abría la puerta para que un día la UE cuestione la calidad de la democracia en nuestros países. Yo nunca entendí por qué si miembros del gobierno habían criticado al TLC por ser “más que un tratado de libre comercio”, ahora querían atarnos con cuestiones que decididamente no podíamos garantizar. El Gobierno eligió ese camino y tuvo la última palabra.

Por eso es inexplicable la actitud de Cancillería –nota de protesta incluida- contra la vicepresidenta de la Comisión Europea Catherine Ashton. Primero, sería bueno que se tomen su tiempo antes de reaccionar. Representan a un país, no solo a una persona. Unas horas más bastarían para darse cuenta de que sus declaraciones fueron una respuesta a una pregunta muy precisa del eurodiputado español y miembro del PP José Ignacio Salafranca. Ella estaba obligada a responder como respondió porque su mandato es “promover los derechos humanos y la democracia en todas sus negociaciones y actividades externas”. Lo segundo, un Estado debería cerciorarse de las acusaciones que hace. Wikipedia bastaría. Se acusa a Alemania por cerrar un radio neonazi y apresar a sus miembros por enviar mensajes de odio, sin darse cuenta de que el nazismo y el odio son crímenes contra los derechos humanos. Se cita el caso Arnaldo Otegi y la sentencia en un tribunal español, si siquiera decir que el Tribunal Supremo de España levantó los cargos, haciendo respetar un derecho superior, el de la libertad de expresión. En síntesis, el Gobierno con su reacción solo confirmó los temores europeos porque reclama a Ashton por expresar libremente un criterio, en suelo europeo, en un organismo europeo y cumplimiento de su mandato. ¿Se imaginan a la UE mandando una nota de protesta cada vez que el presidente Correa, el canciller o el vicecanciller Lucas le acusan en público de neocolonialismo y neoimperialismo? Creo que no.