Cada decisión que toma el gobierno provoca las más variadas especulaciones. Las explicaciones oficiales son aceptadas por ese tercio de la población que adhiere casi ciegamente al partido oficial y que no cuestiona ninguna decisión por disparatada que sea; es una adhesión incondicional que se traduce también en lo que se llama el voto duro.
Es difícil que se reduzca, pero también que se incremente. El resto de los ciudadanos desconfía del gobierno y elabora toda clase de explicaciones respecto de las decisiones, pero no cree la versión oficial.
La Ley de Plusvalía, según el gobierno, tiene el propósito de eliminar la especulación con la tierra. Que se conozca como Ley de Plusvalía delata que se interpreta como el afán de tomar la mayor parte del incremento de valor de las propiedades.
El gobierno califica la plusvalía como ganancia indebida, como si fuese algo malo aunque no está prohibido. Argumenta que es producto no del trabajo de los propietarios sino de las obras realizadas por el gobierno o los municipios que no recuperan el valor de las inversiones. Esta es una visión estatista que concibe al Estado como dueño de todo; olvida que las obras son financiadas con el dinero de los ciudadanos y que gran parte del progreso urbano se debe a las inversiones de los ciudadanos. Es frecuente ahora que los ciudadanos paguen el costo de la urbanización y los servicios y además paguen tributos.
¿Por qué insiste el gobierno en un proyecto que tuvo que retirar debido a la protesta en las calles?
Algunos consideran que es un simple elemento de distracción para desviar la atención de la corrupción destapada en Petroecuador.
Parece imposible que se haga un desafío a los ciudadanos, se afecte la construcción que es una fuente importante de empleo y se ponga en aprietos a la candidatura oficial solo para desviar la atención.
Otra interpretación es que el gobierno trata de ser fiel a su afán de agudizar las contradicciones, ese concepto anticuado que intentaba dividir a los ciudadanos y hacerlos confrontar unos con otros. Casi todos somos propietarios de algo y los más pobres se aferran más a lo poco que tienen.
Predicar contra la propiedad legítima, desde el gobierno que ha descubierto a algunos de sus funcionarios acumulando propiedades y dineros ilegales de manera escandalosa, luce también un desafío.
Pueden tener razón quienes plantean la hipótesis de que se trata simplemente de una maniobra desesperada por incrementar los impuestos para disponer de dónde echar mano para cubrir los gastos de un gobierno que vive como si continuara la bonanza.
La misma hipótesis serviría para explicar el incremento del encaje bancario que permitirá tomarse prestado parte del dinero de los depositantes.
Los magos del sector económico que han convertido todo en fuente de crédito, están destruyendo el presente y el futuro del país.