Gonzalo Maldonado

El caso Oxy

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7 de October de 2012 00:03

Sucedió lo que todos temíamos: un tribunal adscrito al Banco Mundial –el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Ciadi– acaba de condenar al país a pagar una indemnización superior a dos mil millones de dólares porque en 2006 el Estado ecuatoriano, en aquel entonces dirigido por Alfredo Palacio, decretó la caducidad del contrato que había suscrito con la petrolera Occidental.

Según esta petrolera, aquel acto supuso la expropiación ilegal de sus inversiones en Ecuador, así que acudió al antes mencionado tribunal para exigir a nuestro país una compensación económica.

Por tratarse de un proceso de arbitraje, el Ecuador tenía derecho a escoger un árbitro que estudiara el caso. Pero hacia finales de 2006, el presidente electo Rafael Correa rechazó esa posibilidad, dejando al país aún más desamparado y vulnerable.

En ese momento aquella decisión fue justificada con la típica retórica de trinchera de la ‘revolución ciudadana’. No obstante, meses más tarde se intentó armar un equipo que defendiera al país pero este Gobierno no pudo concretar nada.

Por aquel entonces una serie de analistas y medios de comunicación independientes pidieron al presidente Correa que diera un tratamiento serio a este litigio. Le solicitaron que no manejara este asunto desde una perspectiva ideológica ni política, sino que observara y utilizara la normativa internacional vigente para defender los intereses del Ecuador.

Lastimosamente pudieron más las vísceras que la razón y el resultado está a la vista: todos los ecuatorianos deberemos pagar una suma exhorbitante a una multinacional petrolera. El perjuicio económico para el país es aún mayor si se toma en cuenta que la producción petrolera bajó con la salida de Occidental.

El laudo del Ciadi llega, además, en un momento en que el Gobierno actual está empeñado en atraer inversiones extranjeras al país. Pocos días antes de conocerse el veredicto de aquel tribunal, el presidente Correa apareció en los medios locales e internacionales para asegurar que la economía ecuatoriana ofrecía grandes prospectos a empresas o países interesados en producir aquí.

Es de esperar que las autoridades gubernamentales traten de restar validez a este laudo, argumentando que fue emitido por el ‘imperialismo yanqui’, o algo por el estilo. Pero lo único cierto en todo estos es que el laudo del Ciadi es una decisión en firme con toda la fuerza legal y que más tarde o más temprano deberá ser cumplido por el Ecuador.

El caso Oxy es una triste lección de por qué no se debe hacer política pública con anteojeras ideológicas sino utilizando la inteligencia. Por culpa de los demagogos, los ciudadanos ecuatorianos estamos ahora más endeudados con el exterior.