Hace un año el gobierno comisionó un estudio sobre el subsidio a los combustibles y cómo eliminarlo.
El estudio, entregado en septiembre del 2010, determinó que en 2008, cuando el precio del petróleo estuvo a un precio comparable al actual, a los precios internacionales sin impuestos (“costo de oportunidad”) el subsidio fue de USD 4 000 millones. Al costo de producción (petróleo al costo) fue la mitad.
La eliminación de los subsidios, según el estudio, se traduciría en un aumento de precios de 32%. Por lo que se propuso una reducción gradual.
Tan pronto trascendió la existencia de ese estudio, el Presidente declaró que ni lo había pedido ni lo conocía, con lo que consiguió que la prensa no siga tratando el tema. Pero a partir de entonces las autoridades han venido tomando medidas para reducir los subsidios, aunque distintas a las recomendadas.
Las alzas han estado focalizadas a los consumidores de mayores ingresos. Así por ejemplo, la electricidad sin subsidio a los combustibles subiría de un promedio de 8,07 centavos a 10,25. Prefirieron las autoridades subir la electricidad a los usuarios de más de 500 kilovatios de acuerdo a una escala que llega a 73,83 centavos incluyendo subsidio cruzado, esto es siete veces costo sin subsidio.
Hoy se conoce de un plan para reducir los subsidios en USD 900 millones, a aplicarse después de las próximas elecciones. Se lo justificaría por la necesidad de recuperar los USD 855 millones en que se contrató la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, así como del aumento del costo de los combustibles en 2012 por la paralización de la refinería.
Aparte del costo, muy poco más se sabe sobre dicha rehabilitación.
Como este es un gobierno al que le desagradan las soluciones de mercado y prefiere el micromanejo estatal que le permite un mayor control sobre las personas, la reducción del subsidio pasaría por tarifas múltiples de combustibles, que variarán por usuario. Habrá un control de cuánto combustible y de qué tipo consume cada usuario, lo que sería vigilado a través de un centro de datos en Quito.
Los unos usuarios pagarán las mismas tarifas que ahora, otros pagarán USD 2,7 el diésel, USD 3 la gasolina extra, USD 4 la súper. A cambio, el usuario recibirá combustibles de mejor calidad de los que Esmeraldas produce hoy y que los que le compramos a Venezuela.
La vigilancia estatal permitirá determinar si alguno del millón de vehículos que pagarán menos por el combustible lo está revendiendo, y también impedir que los 500 mil vehículos a ser castigados, paguen menos.
En lugar de un aumento general a los combustibles, vamos hacia el control de precios y consumo de combustibles, programa de alto costo y dudosos resultados. Los dueños de vehículos estarán sometidos a un rígido control.