Carlos Alberto Montaner

Otro ataque a la justicia

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12 de June de 2012 00:03

Hay que explicar esta vergüenza. En la 42 reunión de la OEA celebrada en Cochabamba, los países de la Alba revelaron uno de sus ocultos objetivos: confiscar medios de comunicación, encarcelar opositores pacíficos, acosar periodistas, perseguir jueces y parlamentarios, robarse elecciones o apoderarse de bienes ajenos, sin que las víctimas puedan acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Mientras en el mundo civilizado las naciones forjan un derecho internacional que ampara a los individuos frente a los atropellos de los Estados, el llamado Socialismo del siglo XXI marcha a contramano, ignorando que, en el pasado, esa institución sirvió a las víctimas de las dictaduras militares de derecha para encontrar cierta solidaridad moral.

En 1969, la mayoría de los países de la OEA firmaron -voluntariamente- en Costa Rica el documento conocido como la Convención Interamericana de Derechos Humanos que establecía los derechos que debían protegerse, y creaba dos instituciones autónomas para ello: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, cuya función era promover el respeto al tratado y denunciar públicamente las violaciones, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, situada en San José, para juzgar los pleitos que llegaran a ese tribunal. Según la Convención, las naciones signatarias obligatoriamente debían acatar las sentencias de la Corte.

De los 34 países que integran la OEA, 25 suscribieron la Convención. Nueve se abstuvieron, mientras que Trinidad y Tobago, tras firmarlo, luego renunció a participar del grupo. Todos los países iberoamericanos, menos Cuba, expulsada hace medio siglo, son signatarios.

Naturalmente, los gobiernos de la Alba pueden legalmente abandonar la Convención, pero eso no los libera de los pleitos o las denuncias interpuestos mientras formaban parte del tratado. Abusos como el cierre de Radio Caracas Televisión, el acoso judicial al periodista ecuatoriano Emilio Palacio y al diario El Universo, o el robo de las elecciones municipales en Nicaragua en 2008 no caducan porque esos gobiernos denuncien ahora los acuerdos.

De ahí la intención de Correa, Chávez, Morales y Ortega de destruir esas instituciones de derecho, quizás las que mejor funcionan en la OEA, para no enfrentarse a las obligaciones internacionales contraídas por sus países.

Lo primero que legitima a un gobierno ante los ojos de los ciudadanos, no son las elecciones, sino la justicia y el imperio de la ley.

Sería una lástima si los gobernantes autoritarios lograran sus propósitos. En muchas naciones latinoamericanas los jueces tienen precio, los poderosos ganan siempre y los presidentes dictan sentencias. La Corte Interamericana, con todas sus imperfecciones, es una esperanza. Es una vergüenza que desapareciera.