Sobre los hechos del 30 de septiembre se ha discutido mucho. Pero casi todo el debate se ha centrado sobre si fue “golpe”, “rebelión”, intento de “magnicidio” o el Presidente de la República es responsable de los muertos y heridos por su irresponsable manejo de la crisis. La realidad, sin embargo, es que se ha hablado muy poco de los problemas de fondo que en esa ocasión se patentizaron.
El primero, como lo mencioné en un artículo anterior, es que no se ha tratado de averiguar la causa principal de la protesta de la Policía, especialmente de su agresividad y radicalidad. Se debe sancionar con energía a los responsables, pero el Gobierno debe hallar una respuesta a la pregunta estructural. Y sobre todo, debe mantener el proyecto de reorganizar la Policía, de cambiar sus prácticas de impunidad y de hacerle respetar los derechos humanos.
El segundo problema, aún más importante, es que no se ha reflexionado sobre el hecho de que el Gobierno se apuntaló con la actitud de las FF.AA. El Jefe del Comando Conjunto, en traje de combate, apareció en la cadena oficial leyendo un pronunciamiento bastante tardío y ambiguo en que manifestaba el respaldo al régimen jurídico y un pedido, que más bien parecía condición, de que las medidas legales que fueron la causa inmediata del hecho se eliminaran.
Frente a los hechos del 30, la gente se mantuvo a la expectativa. Quienes apoyaron la insurrección y el intento de transformarla en un golpe eran, felizmente, una insignificante minoría. Pero los que respaldaron al Gobierno movilizándose en Quito y el resto del país fueron pocos, sobre todo si se toma en cuenta que se trataba de un acto contra la democracia y que el Presidente tiene sólido respaldo popular.
La escasa movilización popular de respaldo al Gobierno tiene, sin duda, varias causas. Una de ellas, la forma en que ha tratado al movimiento social. Pero el hecho claro es que el apoyo definitorio al Presidente fue el de las Fuerzas Armadas. Aunque no nos guste, aunque se haya quitado de la Constitución la frase que podría insinuarlo, el propio Gobierno invocó el arbitraje militar a su favor. Posiblemente era necesario, pero no por ello deja de ser preocupante. Para no mencionar episodios del lejano pasado, recordemos que Bucaram, Mahuad y Gutiérrez cayeron cuando habían perdido el apoyo militar que, en cambio, sostuvo a Noboa y Palacio.
Velasco Ibarra explicó una de sus caídas en manos de los militares diciendo: “Me precipité sobre las bayonetas”. Él sabía cuanto pesaban los militares en nuestra política. Pero, más grave que caerse sobre las bayonetas, es hacer de ellas la base de un régimen, sin buscar apoyo de la organización popular. Si un gobierno democráticamente electo tiene que invocar el arbitraje castrense para sostenerse, no va bien.