Sebastián Mantilla

Aniversario

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23 de October de 2013 00:02

Acaban de cumplirse 5 años de la aprobación de la Constitución de Montecristi. Cuando uno analiza con detenimiento lo que ha significado esto para el Ecuador en términos jurídicos, políticos e institucionales, uno no puede dejar de ver ciertas inconsistencias y contradicciones.

Comencemos por algo muy simple. ¿Qué ha hecho el Régimen para celebrar estos cinco años de vigencia de la Carta Magna? Muy poco. Al contrario, llama la atención que un hecho de triste recordación como el 30 de septiembre (por el espectáculo, el drama y la interpretación oficial de los hechos) se haya convertido ahora en el día en que "nació la democracia". ¿Acaso no debería ser ese día la fecha cuando fue aprobada la Constitución de Montecristi? Si somos sinceros a nadie le interesa la Carta Magna. Eso de restaurar la democracia con mayor participación ciudadana, ampliar la garantía de derechos e ir por una auténtica transformación social fue un cuento. La Constitución cumplió la función que en el fondo querían los mentores de la "revolución ciudadana": ser un instrumento para la "captura" del poder político.

La Asamblea Constituyente de "plenos poderes" sirvió para nombrar nuevas autoridades y controlar los principales poderes públicos de parte del Ejecutivo. Si en un principio el control fue parcial, cinco años después es total: poder Legislativo, Judicial, Electoral y de Participación; Corte Constitucional, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, superintendencias (entre ellas la de Comunicación).

Lo curioso es que este proceso iniciado con la aprobación de la Constitución, el cual se llamó "reforma del Estado", ha hecho que se rompa con uno de los requisitos básicos de las democracias modernas: el equilibrio de poderes. Lo grave de esto deriva en que un Régimen que no tiene límites efectivos, desarrolla tendencias autoritarias. Eso es lo que pasa en el Ecuador.

La aprobación de nuevas códigos y leyes es una evidencia clara de dar forma al orden político bajo la completa hegemonía del Ejecutivo. En el caso del nuevo Código Integral Penal (COIP) vemos no solo cómo se legisla sin la participación de amplios sectores de la sociedad sino cómo se va consolidando un Régimen represivo y de control. Nada podremos decir porque todo tendrá la "tipificación" de delito. Si a estas leyes añadimos la pérdida de la independencia del poder judicial, ¿qué vamos a hacer? ¿La cárcel o el silencio? Preocupa que, pasados estos cinco años de vigencia de la Constitución, los espacios para la deliberación pública se vayan cerrando. El Régimen se ha encargado no solo de reformar sino en ciertos casos de destrozar con lo poco de institucionalidad que había antes y la posibilidad de expresarnos libremente. La revolución ciudadana ha tomado su peor derrotero. ¿Tenemos motivos para celebrar este aniversario?