Andrés Vallejo

Contra la corrupción

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La libertad de expresión pasa porque las normas legales sean las adecuadas, para que permitan el ejercicio de la libertad, que no la coarten. Que permitan que la investigación, propia del periodismo independiente, coadyuve a la fiscalización que debe hacerse a los gobiernos, no siempre suficientemente controlados por los órganos estatales. Que impida el abuso al que son proclives los gobernantes, obnubilados al creer que no pueden equivocarse.

Eso no sucede en el Ecuador a partir de la expedición de la Ley de Comunicación, una mordaza para el ejercicio de la libertad en su amplia connotación. Es, por lo mismo, indispensable que se la reforme, ya que no es posible derogarla porque existe una disposición constitucional que obliga su existencia.

La reforma debe eliminar las disposiciones más graves que contiene la ley y que conspiran contra la libertad y la transparencia. El linchamiento mediático es una de ellas. Los medios de comunicación han vivido amenazados con sanciones si publican denuncias de abusos o negociados, por evidentes que sean.

Investigaciones documentadas en fuentes oficiales recibieron orden de rectificación que las desmentían -con textos elaborados por los denunciantes- como en el caso de Coca-Codo-Sinclair, cuando El Comercio publicó que costó 600 millones más que el valor inicial. Igual cosa sucedió con Vistazo con el almacenamiento de gas de Monteverde. El Universo fue condenado a pagar 40 millones de dólares al Presidente de la República, ¡atribuyéndole responsabilidad coadyuvante por la publicación de un artículo de opinión! Y los periodistas que evidenciaron los contratos del hermano del presidente Correa, fueron perseguidos y sentenciados.

Con esta ley, los medios podrían ser sancionados ahora por publicar la porquería que con ventilador reparten altos funcionarios públicos ante el estupor de los ciudadanos. Esta ley ha sido el amparo de corruptos y abusivos, cuyas trapacerías salen a diario a la luz pública. Prácticamente ha eliminado al periodismo de investigación.

El ejercicio de la libertad de expresión no puede depender del carácter del Presidente ni de la obsecuencia del Superintendente. No se puede vivir con la soga al cuello.

Suprimir la figura de linchamiento mediático, eliminar la Superintendencia de Comunicación, someter a la justicia ordinaria las infracciones que se cometan, devolver a la libertad de expresión la categoría de derecho fundamental y no de servicio público, asegurar el derecho al secreto profesional y la reserva de fuente, regular a los medios públicos para que no sean pasquines del gobierno de turno, eliminar las sanciones vinculadas a principios deontológicos, deben ser los puntos básicos de la reforma que ofreció el presidente Moreno y que debe promoverse sin pérdida de tiempo, para evitar la censura y la autocensura, que perjudican a la transparencia y amparan la corrupción.