Las autoridades no creen que el país atraviese por una crisis económica. Su punto de partida es que la realidad no se parece en nada a la que se vivió a finales de la década de los noventa. El hecho de que se hayan reportado tres trimestres consecutivos de decrecimiento -entre julio del 2015 y marzo del 2016- (aunque se trata de una contracción importante, desde que el Ecuador se dolarizó en el 2000), no constituye para el Régimen una señal de que la situación esté tan mal.
Tampoco parecería que es preocupante la caída de casi el 14% en las recaudaciones de impuestos en el primer semestre del año. Quizás eso no inquieta, porque al final las necesidades fiscales se pueden solventar con más endeudamiento, si bien eso signifique cambiar la legislación. Total, hay una mayoría legislativa que lo puede hacer.
Además, bajo esa óptica de entender la realidad son ‘normales’ los atrasos en el pago de USD 2 000 millones a los proveedores del Estado y otros acreedores, no obstante las empresas tengan que despedir trabajadores o reducir su producción. Asimismo, no se constituyen en señales de preocupación las caídas del 3,9% en el consumo de los hogares (principal componente del PIB) y el 8,9% en la formación bruta de capital fijo (inversión en construcción, maquinaria, etc.), que complica la producción futura.
El hecho de que las actividades de alojamiento y servicios de comida hayan decrecido en el primer trimestre, al igual que la construcción y el comercio, no inquietan. No importa que algunas marcas se vayan del país o que el desempleo registre un crecimiento entre el segundo trimestre del 2015 e igual período del 2016, según los datos del INEC.
En definitiva, las autoridades no creen que haya crisis y, es más, no escoden su optimismo de que en el segundo semestre los indicadores mejorarán. Habrá que ver si esa confianza logra que el desempleado encuentre trabajo, o que el Estado pague a tiempo a sus proveedores y hasta que el tendero pueda vender más. Al final, ellos tampoco pierden la fe.