Marco Arauz

¿Accidentes? Bien, gracias

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20 de May de 2012 00:01

Portoviejo y Flavio Alfaro fueron los escenarios de los más recientes accidentes de buses en el país, ocurridos el viernes último. El mes pasado también hubo dolor y muerte en las carreteras: 8 fallecidos el 15 de abril en un accidente en la vía a la Costa; 16 muertos el 24 en Papallacta (una vía en la cual apenas en diciembre había ocurrido el último de una serie de percances mortales), y 4 muertos el 28, también en Manabí.

Este viernes, por coincidencia, se cumplieron los tres meses del accidente ocurrido en la vía Ibarra-San Lorenzo, que causó 30 muertos. La empresa a la que pertenece la unidad siniestrada sigue operando, pese a que la Agencia Nacional de Tránsito anunció que iba a suspenderla.

Las cifras de accidentes de tránsito parecen ser menores en 2011 respecto de los años anteriores, pero el año pasado al menos 1 853 ecuatorianos murieron en las carreteras, sin contar con los miles de personas que resultaron heridas. Una ley de tránsito severa no ha servido en la práctica para controlar este flagelo.

Tampoco sirve, por falta de reglamento, la disposición de quitar puntos a las licencias de los infractores. En la práctica siguen conduciendo quienes legalmente debían haber perdido ese derecho, mientras una normativa con sanciones drásticas sirve en muchos de los casos solo para que los conductores queden a merced de malos policías que la usan en su provecho.

La accidentalidad vial es solo una parte de los problemas de inseguridad en los que el país está inmerso. Hoy resulta evidente que la promesa de cambios que inspiró la consulta popular de hace un año tendrá que esperar: los tiempos se vienen cortos, y reformas como las de la Policía, que eran vitales, no caminan.

Hay al menos dos problemas que explican este gran retraso. En primer lugar, los cambios están atravesados por intereses políticos y no técnicos, lo cual hace imposible aplicar la ley, como es debido, al poderoso gremio de transportistas, que más bien se volvió beneficiario de un jugoso subsidio.

En segundo lugar, y quizás más importante, la mejora de la seguridad fue vendida dentro del esquema paternalista que ha funcionado durante todos estos años: denme todo el poder, confíen en mí, y yo solucionaré todos sus problemas. Qué mejor para una sociedad orientada a la filiación que delegar, mediante el voto obligatorio, las soluciones.

La incipiente participación ciudadana ha sido cooptada políticamente y la sociedad depende de lo que haga una persona o, a lo mucho, un grupo de personas. Cuando, por ejemplo, se sataniza al Alcalde de Quito por una iniciativa de participación y este se acomoda a las órdenes de quien decide incluso sobre las ideas, se mata públicamente cualquier iniciativa que no siga las férreas estructuras del poder.

Por eso la inseguridad seguirá siendo el principal problema, aunque cuando se venzan los plazos estaremos entretenidos en una nueva campaña.