Andrés Vallejo

Aberrante

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No se puede calificar de otra manera una acción como la emprendida por la Superintendencia de Telecomunicaciones contra siete medios de comunicación por no haber reproducido un reportaje aparecido en el diario Página 12 de Argentina contra un candidato a la presidencia. La autoridad les impone una multa porque considera que han aplicado censura previa a una noticia que era de interés público. ¿Deben considerar los medios los antecedentes de la autora de la nota, alineada con la impresentable Cristina Kirchner, cuya imagen exhibe en su camiseta –cuando la tiene puesta-, que reemplaza el rostro de la Virgen María con el de la ex Mandataria, periodista enjuiciada por diversas acciones? ¿No prohíben las leyes ecuatorianas que los medios publiquen algo que beneficie o perjudique a un candidato, que, con la también aberrante figura de linchamiento mediático que tiene la Ley de Comunicación, les podía demandar si reproducían la nota? ¿No debería multar a los medios oficiales por no publicar las innumerables noticias que contra el gobierno se publican en el exterior?

La intimidación y amedrentamiento que prácticamente ha eliminado el periodismo de investigación, fundamental para luchar contra la corrupción, cierra con broche de oro su actuación en este período, haciendo más necesario que nunca que el nuevo gobierno rectifique, no solo en la aplicación de la ley, sino propiciando su reforma inmediata.

Es una aberración, grave error del entendimiento, producto de la concentración de poder y de la prepotencia, el enjuiciamiento a los miembros de la Comisión Anticorrupción que desempeñan cívicamente una función que busca compensar los efectos nocivos de esa concentración de poder que imposibilita la fiscalización. Personas como Isabel Robalino, Simón Espinosa o Julio César Trujillo son referentes de honestidad y patriotismo. El texto que transcribo podría reflejar un sentimiento generalizado: “En el país del mundo al revés,/a quienes son honrados/los sientan en juzgados. Y a oscuros personajes,/que mucho han robado,/con pajes, ron y hornado,/les rinden homenajes./”.

La intención de convertir en Ley disposiciones del decreto 16, que con el argumento de regular la acción de personas y organizaciones de la sociedad civil, las somete, presiona y amedrenta, es otra aberración. Pretende atar de manos reformas que devuelvan el derecho de acción a miles de personas, naturales y jurídicas, que hacen bien al país. La eliminación o disminución de su actividad es perjudicial. Millones de dólares dirigidos a acciones sociales de todo tipo se pierden por la intromisión abusiva del gobierno, que pretende controlar todo. A ver si en este caso, como lo hizo positivamente en los aberrantes casos anteriores, interviene el Presidente electo y frena esta aberrante mala intención.

Columnista invitado