La inclusión de los vehículos en la Ley de Regulación de Créditos para Vivienda (popularmente conocida como Ley de Hipotecas) que actualmente tramita la Asamblea Nacional alteró el comportamiento del mercado automotor ecuatoriano.
Tras el anuncio de que el embargo o la dación en pago de los vehículos que no pudieran ser pagados liquidarían la totalidad de las deudas contraídas por los clientes, las instituciones financieras endurecieron el otorgamiento de los créditos para proteger su negocio.
Hace dos semanas, Marco Cruz visitó un concesionario de autos en Quito con la intención de adquirir un sedán avaluado en USD 15 500 y así tener su transporte propio.
Para ello disponía de USD 4 000 que entregaría como entrada (alrededor del 25%), mientras que la diferencia se cubriría con un crédito bancario gestionado por el propio concesionario, en un plazo de 60 meses, para así cancelar cuotas no mayores a USD 300.
Cuando llegó el día previsto para la negociación, Cruz se encontró con que las condiciones crediticias eran diferentes a las que había averiguado un mes atrás.
Ahora le pedían una entrada de al menos el 40% del valor del vehículo (más de USD 6 000) y el plazo máximo para el otorgamiento del crédito no superaría los 36 meses.
Esta nueva realidad significó el desestimiento de la intención de compra para Cruz, pues no podía aumentar el monto de la entrada ni estaba en condiciones de cancelar cuotas cercanas a los USD 500.
Clemente Ponce, director Ejecutivo de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), sostiene que la inclusión de los vehículos en la Ley de Hipotecas plantea más perjuicios que beneficios, pues el nivel de morosidad del sector es de apenas 0,3%.
Por eso asegura que, con el fin de proteger a un pequeño grupo de clientes que incurre en el incumplimiento de pagos, se afecta a muchos consumidores que buscan satisfacer sus necesidades de transporte cotidiano.
“Hasta antes de que se empiece a hablar de esta Ley la banca aprobaba entre el 60 y el 65% de las solicitudes de crédito que recibía. Ahora está aprobando alrededor del 40%”, sostiene Ponce.
La Aeade considera que la entrada en vigencia de esta Ley pudiera significar una reducción del 20% respecto de la estimación de venta de vehículos en el país para este año, ya afectada por el establecimiento de cuotas de importación.
Así, con una demanda anual real de 140 000 unidades, basada en las ventas del sector durante el 2011, el mercado automotor nacional pudiera retroceder a una cifra similar a la del 2008 (algo más de 100 000 vehículos).
Una buena parte de esa demanda podría volcarse al mercado de los autos usados, pero a Ponce le preocupa que la incapacidad de satisfacerla totalmente y de una manera adecuada derive en problemas de diversa índole.
Por ejemplo, cree que ante las nuevas reglas de juego de los bancos, mucha gente podría acudir a fuentes de crédito informales y de alto riesgo, con los conflictos sociales que ello acarrea.
También piensa que el desestímulo al desarrollo de un sector tan importante de la economía nacional podría hacer que las empresas contraigan sus estructuras para ajustarlas al tamaño del mercado, con el consecuente perjuicio para la generación de empleo.
Guidvia Yépez, gerenta de la agencia El Condado de Asiauto (Kia), dice que la firma se mantiene a la expectativa de lo que suceda con la Ley en los próximos días.
En mayo el concesionario recibió menos visitas y vendió menos autos respecto del promedio habitual. El cambio en el comportamiento del mercado es evidente.