25 de December de 2011 00:01

Transporte público

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A propósito de las últimas negociaciones entre el Gobierno y la transportación pública en manos privadas, se me ocurre que debemos puntualizar aspectos que impiden el desarrollo de esta actividad de vital importancia para el quehacer ciudadano. En varias ocasiones he tratado el tema desde diferentes enfoques; me parece imprescindible volver a hacerlo.
Existe una regulación a través de ordenanzas, que limita el uso en la transportación pública de buses que hayan cumplido su ciclo de vida y hayan superado los años que la ordenanza puntualiza. A pesar de las regulaciones, existen autobuses (los pintados de blanco y rojo) que han rebasado con creces la vida útil y que son un verdadero peligro para los usuarios y para quienes utilizamos las calles. Son verdaderas chatarras ambulantes que salen a prestar servicio en horas pico.
Otro aspecto que está establecido en la Ley de Tránsito y que no se cumple es la transformación de las actuales falsas cooperativas a empresas de transporte las que facilitarán la creación de cajas comunes, el funcionamiento de talleres propios y especializados, la unificación de marcas y modelos de los autobuses, la instalación de surtidores de gasolinas propios y especiales, la racionalidad en la
conducción de los vehículos, la disminución de los riesgos de accidentes, el mejor trato a los usuarios y, además, una mejor administración y, por consecuencia, mayor rentabilidad a los socios de las empresas.
Ante el panorama descrito,
¿será posible que las autoridades asuman su responsabilidad con verdadero sentido de servicio social? ¿Será posible que se haga respetar las ordenanzas y la Ley de Tránsito vigente?

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