21 de diciembre de 2016 00:00

Sombras del Gran Hermano

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Jorge Paredes Albuja

La ratificación de la prisión para dos veedores del caso “Gran Hermano”, nombrados en su momento por el mismo presidente Correa, ratifica a su vez la sumisión y falta de independencia del poder Judicial ante el Ejecutivo.

La Corte Nacional de Justicia ratifica la prisión porque los veedores habían concluido que Rafael Correa sí conocía de los contratos de su hermano Fabricio. Estos egregios juristas omiten señalar que, si por el contrario, Rafael Correa no conocía de esos contratos, se trataría de una grave negligencia y omisión en el cumplimiento de sus obligaciones como presidente del Ejecutivo, ya que, tratándose de obras emblemáticas muy grandes que involucran a varias instituciones e implican contratos de cientos de millones de dólares, el Ejecutivo tenía la obligación de supervigilar y garantizar la transparencia de los procesos. En cualquiera de los dos casos, no podía evadir sus responsabilidades. En ese entonces, RC declaró, airado, “No me da la gana de enjuiciar a mi hermano”. En un Estado de derecho, el Presidente está obligado a cumplir y hacer cumplir la ley, y sobre todo, a defender los intereses del pueblo, cuidando del correcto uso de los dineros públicos. No se trata de lo que le dé la gana. Más allá de que se hayan rescindido los contratos de Fabricio, el hecho es que el Estado ecuatoriano le entregó sumas por el orden de cientos de millones de dólares, y no ha devuelto un centavo. Si durante los seis largos años transcurridos desde entonces, la Contraloría, la Procuraduría u otros entes, han hecho alguna gestión para recuperar ese dinero, no se conoce ningún resultado. ¡Prohibido olvidar!  

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