En este país, en el cual cada Gobierno quiere hacer las cosas a su manera y conveniencia, falta la lógica. Es lo mínimo que podemos pensar sobre instituciones como la actual Agencia Nacional de Tránsito, a la cual nos dirigimos para reclamar por multas vencidas hace algunos años y que, según ellos, como el comprador no ha realizado la revisión vehicular, todavía sigue a nombre del anterior dueño. Y es este el que tiene que preocuparse porque ellos no pueden hacer nada al respecto.
No sirve de nada presentarles el contrato notarizado y certificado por el notario. No sirve de nada que el vehículo está registrado en el SRI con el nombre del nuevo dueño.
El nuevo dueño puede pasarse todos los fotorradares y parquearse en lugares prohibidos y puede estar tranquilo. Las multas se las imponen a la cédula de ciudadanía del propietario anterior porque su registro está adherido a la placa del auto.
Indignación es lo menos que podemos sentir las personas que respetamos las leyes. Para los señores de la ANT, estos documentos legales no sirven de nada. Ellos no pueden cambiar absolutamente el nombre al nuevo dueño. ¿Quién podrá?
Las agencias provinciales no pueden tratar este particular. Le dirigen a la ANT de Quito y ellos manifiestan que solo pueden traspasar las multas mensualmente con una solicitud previa a la directora, acompañada de un contrato notarizado y certificado, para ellos -luego de dos meses de estudio- traspasar la multa al nuevo dueño. Pero nada más. El auto sigue a nombre del anterior propietario. Burocracia al más alto nivel, centralismo ¿qué podrá ser?
Por favor, estamos en el año 2015. El uso de la tecnología es cosa de niños. Vergüenza me da de mi país. Se ha perdido el sentido común.