Una de las obligaciones trascendentales del gobernante de turno debe ser el combatir la corrupción para asegurar así un convivir digno de la sociedad en general.
Lamentablemente en los dos últimos años las noticias publicadas han sido sobre supuestas coimas recibidas por ex funcionarios públicos y por sus intermediarios, como consecuencia de las obras contratadas en teoría para beneficio del país, pero a precios superiores de lo normal y, peor aún, mal hechas, causando así un daño irreparable.
En casos como los descritos, el Gobierno debería sentar un precedente que desanime el cometimiento de delitos en contra de la sociedad, y que debería ser el dictar la respectiva Ley en la cual conste como sentencia la prisión perpetua para quienes sean declarados culpables de haber recibido coimas, con la condición de que podría re verse esta condena, sólo después de que el culpable haya devuelto totalmente al erario nacional los valores recibidos como coimas, y así podría pasar a ser juzgado por las respectivas leyes en base a las faltas colaterales cometidas.
Igualmente el Estado debería, en forma automática, suspender cualquier contrato con la empresa nacional o extranjera que haya coimeado y además debería seguir las acciones legales pertinentes por daños causados al Estado ya sea en el campo económico como en el moral, para sentar precedentes de que el Ecuador jamás socapará falta alguna, peor aquella que afecte a los intereses nacionales.
Pues, de otra manera, sería una vergüenza el no recuperar totalmente los valores correspondientes a las coimas, pero eso sí, gravar de impuestos a la ciudadanía para poder cumplir con las obligaciones heredadas…