16 de febrero de 2017 00:00

Recursos públicos 

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Francisco Rosales Ramos

Las autoridades electorales son ciegas, sordas y mudas. El evidente uso ilegal de recursos públicos para impulsar las candidaturas del movimiento de gobierno es ignorado por quienes tienen obligación de impedirlo.

En la perorata del sábado 4 de febrero, el jefe de Estado señaló que había reunido a funcionarios del gobierno de todo el país, incluyendo las decenas de ministros, todos los gobernadores, y decenas de jefes y tenientes políticos -alrededor de 3 000 personas, para instruirles sobre lo que deben contestar frente a las acusaciones de los candidatos de la oposición, que “mienten” frente a las realizaciones de los 10 años. Y precisó que éstas incluyen: la supuesta corrupción (ahora casos puntuales frente a la sistémica que existía antes de 2007), la crisis económica, cuando la economía muestra claros síntomas de recuperación, el ingreso a las universidades a carreras no seleccionadas por los estudiantes sino por la Senescyt, el endeudamiento público exagerado, cuando Ecuador tiene un porcentaje del PIB menor que el promedio de América Latina, muy inferior a varios países desarrollados; el supuesto desempleo, cuando Ecuador -según el gobierno – tiene tasas de desempleo inferiores a las de otros países latinoamericanos. El gobierno, dijo, tiene no solo el derecho, sino la obligación de defender sus logros y desmentir a quienes niegan las evidencias. ¿Con qué recursos se pagó el traslado de los funcionarios a Quito?  

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