26 de agosto de 2017 00:00

Posible estrategia de Alianza País 

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Aquiles Hervas Parra

Si bien de forma aparente la Fiscalía General de la Nación está avanzando determinadamente con los casos de corrupción, requiere que detengamos a mover la cortina y tratar de barajar hipótesis políticas sobre los procedimientos legales de los órganos y funciones. No se necesita conocer demasiado el Derecho para deducir que es ilegal el pedido de autorización que hace Fiscalía a la Asamblea para la vinculación de Jorge Glas en las investigaciones penales de los casos de corrupción. El art. 120 numeral 10 establece como atribución del legislativo “Autorizar con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, el -enjuiciamiento penal- de la Presidenta o Presidente o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República”. El art. 589 del Código Orgánico Integral Penal clasifica las etapas del procedimiento penal (1. Instrucción, 2. Evaluación y preparatoria de juicio, 3. Juicio). Aún no se llega a etapa de juicio, se halla en etapa de investigación por lo cual no es atribución de la Asamblea dar permiso a que se proceda o no a investigar, lo que le compete es evaluar los fundamentos recabados para dar paso o no al enjuiciamiento. Insisto, no necesitamos ser expertos jurídicos para determinar que el Parlamento se atribuiría funciones que no le competen en este momento del proceso. Esto más bien nos lleva a sospechar de una posible estrategia de AP para dilatar o desbaratar los procesos penales y con ello dejar en la impunidad insostenible al Vicepresidente metiendo el caso en una supuesta laguna jurídica y agotando el tiempo que queda para que acabe el plazo. En el caso de que la Asamblea no reúna las dos terceras partes de la votación ¿Qué sucederá con el proceso, regresará, se estancará, avanzará? Lamentablemente puede tratarse de una sucia e inconstitucional acción que destruya, en el escenario político, lo que debería avanzar en el escenario legal. No podemos como sectores populares permitir estas arbitrariedades que tienen el más tóxico resultado para el país, normalizar la corrupción e institucionalizar la impunidad.

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