Quisiéramos que el país ya no se endeude más, no tanto por haberse quebrantado reglas financieras, sino porque el servicio de la deuda; esto es, el pago de intereses y amortización, representa una enorme carga que afecta el equilibrio fiscal y nos obliga a reducir las inversiones si queremos cumplir con nuestras obligaciones externas; y esto, porque el crecimiento económico, durante la “década de la vergüenza”, se sustentó en el gasto público, cuando lo sano hubiera sido incentivar al sector privado para que éste asuma determinados desembolsos.
Hoy, es inevitable buscar financiamiento en los organismos multilaterales, los cuales podrán concedernos nuevos créditos, siempre y cuando atendamos sus recomendaciones para reducir los gastos burocráticos e inclusive algunos subsidios, pues de lo contrario será difícil encontrar estabilización presupuestaria, ya que los ingresos ordinarios mensuales del Gobierno Central apenas alcanzan los USD 1.500 millones, mientras los gastos superan los USD 2.000 millones.
Con el objeto de precautelar la estabilidad económica, la Ley de Desarrollo Productivo recién aprobada por la Asamblea prohíbe que el Banco Central y el IESS sean fuentes de financiamiento del Estado, lo que ratifica la necesidad de recurrir al FMI y al Banco Mundial, donde los intereses políticos no forzosamente coinciden con los técnicos. La ventaja de que estos créditos se conceden a tasas de interés del 2 al 3% anual y pazos de 15 a 20 años. En esta encrucijada, ¿Cuál será la alternativa que le convence al Presidente Moreno?