6 de agosto de 2016 00:00

Negocios oscuros en países que no son paraísos fiscales

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Francisco Rosales Ramos

El caudillo da la voz y todo el equipo sigue fielmente el concepto. Ahora sacaron de la manga el tema de los paraísos fiscales, para distraer la atención de los graves problemas de contracción económica, pérdida de empleo y serios cuestionamientos a los valores de proyectos emblemáticos como la rehabilitación de la refinería Esmeraldas. Y con una clara finalidad política: ser un actor en la campaña electoral.

Que los paraísos fiscales pueden utilizarse para llevar a cabo negocios obscuros y evadir impuestos. Puede ser, pero eso no significa que lo mismo no pueda hacerse desde países no calificados como paraísos fiscales. Acaso los grandes atracos a los fondos públicos por las familias que gobiernan o han gobernado a Venezuela, Argentina, Brasil, Nicaragua, entre otros, ¿no han sido hechos sin necesidad de empresas off shore? Y los escándalos en España, Italia, Rusia, China y varias otras naciones tampoco han necesitado la participación de empresas de tales paraísos. El problema de la corrupción afecta en menor o mayor grado a casi todos los países del mundo. La diferencia fundamental está entre aquellos en los que el poder judicial actúa de manera autónoma y castiga a los delincuentes, frente a aquellos en los que un poder único controla todas las funciones del Estado y se socapan robos y distracción de los fondos públicos. Hasta que se cambia ese poder único.

Ahora resulta que el locuaz canciller ecuatoriano, que en episodio inaudito ha acudido a una reunión oficial con autoridades del Reino Unido utilizando pasaporte inglés, afirma que es inaceptable que en pleno siglo XXI existan los paraísos fiscales y que el Ecuador ha iniciado una cruzada mundial para su eliminación y que luego de varias décadas los historiadores destacarán la labor pionera del gobierno del que forma parte. Y afirma también que más de 30 mil millones de dólares han salido de Ecuador a los paraísos fiscales (no dice en qué período) lo cual, señala, significa el 30% del PIB nacional. Un mínimo de rigor intelectual le obligaba a especificar el período en el que ocurrió esa supuesta salida de capitales, comparar con la suma del PIB de esos años y no de uno solo, señalar los conceptos por los cuales salieron esos dineros, precisar cuántos dólares salieron a otros países y, por último, determinar que la propia ley tributaria ecuatoriana prevé el envío de dineros a los paraísos, como una actividad lícita, al punto de estar sujetos a tasas más altas de impuesto. Si esos dólares regresarían a Ecuador, ha dicho el canciller, “se cambiaría radicalmente nuestra economía”. Cómo debería haber cambiado si se utilizaban debidamente los 280 mil millones que ha manejado la RC en estos nueve años.  

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