Hace unos días el presidente de la República motivado en el lema “caiga quien caiga” remitió a la Asamblea un proyecto denominado: “Ley orgánica reformatoria del Código Integral Penal (COIP) para sancionar la corrupción en procesos de contratación pública en emergencia”; en una época donde se han destapado casos a todo nivel en el Ecuador, con supuestos sobreprecios y favoritismos en las compras públicas desarrolladas al amparo de la emergencia. El objetivo de este intento de ley es tipificar en el COIP el delito de “elusión de procedimientos precontractuales y contractuales en emergencia” (algo inentendible para expertos y neófitos en la materia) y adicionalmente reformar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, incluyendo varias definiciones y el endurecimiento del procedimiento de contrataciones al amparo de la emergencia. Si el objetivo de este proyecto es frenar la corrupción es extemporáneo, ya que estamos a escasos días de que el estado de excepción finalice y por ende la emergencia. Por otro lado, existen ya delitos (incluso imprescriptibles según la Constitución) que bien pueden ser aplicados para sancionar a funcionarios públicos y proveedores como el peculado, la concusión o el cohecho. El problema no está en las normas, no necesitamos más leyes, necesitamos que se cumplan las que están vigentes o estamos condenados a seguir viviendo con una pandemia más en el país, la de la corrupción.