Monseñor Julio Parrilla, obispo de Riobamba, en su artículo “Políticas inhumanas”, protestó por la supresión de las capellanías en los hospitales del IESS en Quito y Guayaquil, que dizque es “una medida que se suma al rosario de disposiciones antirreligiosas” del gobierno de Rafael Correa y la administración pública. A su vez, Fernando Cordero, presidente del Consejo Directivo del IESS, le replicó al columnista, recordándole que la Constitución establece el carácter laico del Estado, y que reconoce y garantiza a las personas su derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos. Asimismo, señaló que el IESS únicamente dio por terminados tres contratos ocasionales con un trío de sacerdotes que percibían fondos públicos (USD 17 760 anuales cada uno), sí, fondos públicos. Así, queda claro que la confrontación entre Estado e Iglesia, que se dio en otras épocas de nuestra historia, felizmente fue superada, ojalá para siempre. Los creyentes practicamos con total libertad la opción religiosa que prefiramos, en un marco de total tolerancia religiosa.