Al llegar lo recibe una policía de tránsito de la AMT, luego de la inspección, si fue aprobada, hay que sacar vehículo del patio y pedir sello al empleado que pega el “sticker” que es empleado de empresa de inspección o de CORPAIRE, pero le dicen a uno que son empresas separadas y por ello hay que sacar el vehículo.
Se busca un espacio en la calle, espacio que casi nunca hay y que cuesta USD 1,00 y se lo paga a los mismos que están a “la caza” de: “sus focos no funcionan”, “sus frenos están bajos”, “su escape bota humo”, “le alquilo llantas” y que abordan a los incautos que les creen y pagan hasta USD 20 por el supuesto arreglo o hasta USD 180 por prestarle llantas. Luego, los sitios de inspección están atiborrados de talleres cercanos que “acomodan” motores y que, a veces, son recomendados por el mismo personal de la inspección.
Resulta que al reclamar de por qué a uno lo botan del sitio de inspección para poder matricular, le dicen “este es sitio de la empresa y la AMT solo ocupa un espacio de favor”; la respuesta más burocrática que existe: “Es política de la empresa”.
Esto se ha convertido en un “negocio” de parqueo, acomodo de motores, plastificado, cobros de tasas, venta de sánduches y bebidas, venta de tapacubos, antenas y niquelados en las tiendas cercanas, arreglo temporal de sistemas de combustión, etc. Es todo menos un sitio seguro en donde “realmente” se garantice el funcionamiento de un vehículo para evitar accidentes.
Peor aún luego de que el tristemente célebre Mashi eliminó la inspección doble por año a vehículos de transporte público.
Por principio, Señor Mauricio Rodas y autoridades de la ANT: “Todo control, inspección o revisión de algo, que no agregue valor y que genere costos colaterales a la sociedad es, simplemente, un desperdicio social”.