23 de febrero de 2016 00:00

La inseguridad jurídica

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Marco Antonio Argüello Ruiz

No soy economista ni abogado, pero hay la opinión del común de los ecuatorianos con respecto a la falta total de la seguridad jurídica que existe con respecto a todas las instituciones autónomas del país.

Como consecuencia de la mala administración del Gobierno en tiempos de las vacas gordas, hoy que estamos en época de las vacas flacas se siente galopante la crisis económica. Y es tal la crisis, aunque el Gobierno (académicamente) no la acepte, que busca de donde sacar dinero para paliar la misma.

Ha obrado como amo y señor al tomar decisiones unipersonales como juez, que ha dejado sin sustento la seguridad jurídica de todas las instituciones autónomas. Como vemos en el contrato por la compra de terrenos de los Samanes en Guayaquil, entre dos instituciones públicas realizado legalmente en el 2010 entre el Ministerio del Ambiente, que solicitó previamente al Dinac el avalúo correspondiente, y el Issfa, lo resuelve unilateralmente, aduciendo un sobreprecio basándose en un avalúo municipal que es para pagar impuestos y no tiene valoración para contratos entre las partes privadas ni públicas. Debería ser resuelto judicialmente, aunque la prescripción para contratos públicos es de 4 años y automáticamente un juez declararía nula la decisión del Gobierno. Así toma el Gobierno la decisión unilateral de descontar la “diferencia” de la deuda que tenía con el Issfa como el año pasado lo realizó con el IESS, demostrando cierta animadversión o indiferencia con la clase adulta jubilada.  

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