Según la Constitución todos los ecuatorianos sin excepción son iguales ante la ley, con los mismos derechos, obligaciones y oportunidades, de manera que no se puede admitir que existan diferencias en aspectos de interés común. Sin embargo, de acuerdo con los últimos incrementos se puede ver que se han constituido dos grupos claramente definidos: el de los Jubilados y el de los Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. El primero conformado por ciudadanos que han llegado al límite de su vida laborable, luego de haber entregado al servicio de la comunidad el esfuerzo y dedicación de sus mejores años; el segundo por ciudadanos que por diversas circunstancias de la vida cuentan solamente con una exigua economía. Respecto a la diferencia que se puede observar entre estos dos grupos hay que mencionar el porcentaje de incremento en sus asignaciones, mientras las pensiones jubilarles han aumentado en un promedio de 9,22%, en el incremento del Bono de Desarrollo Humano no existe promedio, ya que todos sus beneficiarios sin excepción reciben un incremento del 42%, de USD 35 a 50. La diferencia abismal que se ha producido entre estos dos grupos es muy comprensible ya que los ciudadanos del primero, por su edad, ya no están obligados a sufragar, mientras los del segundo posiblemente en su gran mayoría sí están obligados, por lo que el aumento del 42% lamentablemente se convirtió en un instrumento de interés puramente político para ganar y asegurar votos. Dicho sea de paso, que a pesar de la propaganda sobre el decrecimiento del nivel de pobreza que dicen se registra en el país, el número de beneficiarios del bono ha aumentado considerablemente, lo cual impone que las autoridades establezcan una “auditoría” de este grupo, ya que posiblemente habrá ciudadanos que no cumplen con los requisitos para ser sus beneficiarios. Aunque lógicamente, a más beneficiarios, más votos.