En este semestre rompimos los récords en accidentes de tránsito. Estamos hablando de alrededor de 10 muertes diarias. Muertes que, en dos de cada tres casos, se producen como consecuencia de violar la velocidad permitida y se determina como “impericia del conductor”. Junto a esta epidemia de homicidios viales, hay un dato que completa el cuadro trágico: La Agencia Nacional de Tránsito solo suspendió un promedio de 15 días a las cooperativas involucradas.
¿Cuáles son las razones de esta impunidad que insulta a los ecuatorianos? En primer lugar, se sigue sosteniendo que estos hechos son desgracias producto de la fatalidad o el infortunio. Se habla de accidentes, de lamentables sucesos imprevisibles e inevitables. Pero esto es inaceptable, aquí la mala suerte no existe. Estos sucesos son consecuencia de lo que hacemos o dejamos de hacer. Simple: si un conductor se emborracha o circula a 100 km/h en una vía donde la velocidad máxima es de 50 Km/h y mata, debemos tener en claro que esa muerte no se produjo por culpa del destino.
Si queremos empezar a desterrar la impunidad debemos asumir que manejar no es un derecho, sino una responsabilidad. De lo contrario habrá que tolerar que todos los homicidios viales por más aberrantes que sean, sigan considerándose como “culposos”, es decir como “sin querer” y por lo tanto excarcelables, de menor cuantía, sin entidad. Una de las causas de la impunidades esta visión de los siniestros viales.
Otra de las causas de la impunidad y de la que nadie quiere hablar es la resistencia de los asambleístas a adecuar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) a la realidad actual. Y aquí hay otro dato alarmante: muchos legisladores y los Gobiernos de turno por clientelismo se identifican con los gremios del transporte antes que con las víctimas, dirigentes con los que pactan en elecciones y a quienes en numerosas ocasiones reciben en Carondelet. Otra causa visible de esta impunidad es la falta de leyes que estén a la altura del problema. Enlazada con esta cuestión está la que a mi criterio, es la gran causa de la impunidad y que, de alguna manera explica las anteriores: una doctrina penal dominante que ve la pena como un tabú y la evidencia que está en que apenas un 10% de los delitos de tránsito se castigan.