21 de febrero de 2016 00:00

Fondos públicos y universidad

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Iván Escobar Cisneros

Con base en la Ley de Educación Superior, las autoridades respectivas han aprobado las asignaciones presupuestarias que les corresponderían a cada universidad en el presente año.

Unas recibirían más, pero otras menos, pues los montos asignados no solo se fijan en función del número de alumnos, sino principalmente según el incremento de la calidad de sus servicios, lo cual es loable, porque solo así todas buscarán la mayor ayuda financiera del Estado.


Hay que destacar, desde luego, el hecho lamentable que se señala en la investigación de Diario EL COMERCIO, del 8 de los corrientes, que conforme se incrementan las asignaciones estatales para las universidades, paralelamente bajan los ingresos por autogestión.

En el 2006, el 34% de las entradas de las universidades dependía de recursos propios, en el 2016 dicha participación bajó al 8%, según la Secretaría de Educación Superior, por lo que el factor de eficiencia financiera debería ser mejor valorado.


Un dato adicional: las rentas destinadas a la Universidad Central, uno de los centros importantes del país, se han incrementado en alrededor de USD 13 millones entre el año anterior y el actual y es el aumento más significativo, gracias a que ella por fin ha comprendido que no es un foco revolucionario, sino un centro de estudios.

Como muy bien lo señala Fabián Corral, en su artículo del 4 de febrero y publicado también en EL COMERCIO: “La militancia política es tema de las personas; no asunto oficial de la universidad”.

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