Desde hace algunos años se desarrolla en el Ecuador, una campaña permanente para combatir la fiebre aftosa que ataca básicamente a la ganadería vacuna y que de no enfrentársela podría afectar la denominada seguridad alimentaria de nuestra población.
Grupos de trabajo de Agrocalidad se desplazan cada seis meses por todo el país y visitan los predios donde encuentran animales para proceder a su vacunación. Lastimosamente, muchos de los propietarios, tanto grandes como pequeños, se niegan a ello pese a que es obligatoria, por los efectos negativos que ella tiene tanto en los niveles de producción, como en la salud animal.
Y la resistencia no es por el costo de la vacuna, pues apenas son 30 centavos por cada animal, si no por disminuir la producción de leche cuando menos en un 15% diario, cuya recuperación demora unos cuatro meses, para dos meses después volver a repetirse el problema porque la vacunación se la repite semestralmente.
Me permito recomendar dos cosas: la primera, vacunar obligatoriamente a todos y no en forma potestativa, inclusive multándose con dureza a quienes se opongan; y, la segunda, compensar a todos los que reciben el servicio en el monto de los daños causados, en los niveles de producción. Solamente así el Estado dejará de seguir gastando infructuosamente