21 de noviembre de 2016 00:00

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Eliseo García Gómez, Presidente de la Fenaje

El 14 de noviembre en el diario de su dirección, se publicó el artículo de opinión “Los Jueces en el Ecuador” firmado por Farith Simon. En ese espacio encontramos afirmaciones que nos vemos en la obligación de comentar, por responsabilidad con el gremio que representamos.

El articulista expresa: “Asumo que los jueces del Ecuador fueron seleccionados en procesos públicos y competitivos, que están ejerciendo sus cargos escogidos por sus méritos, y que en caso alguno han sido designados por decisiones políticas o corporativas”…

Asume bien el autor, puesto que desde la implementación de la transformación de la justicia que ha vivido el país en el último trienio, efectivamente no solamente los jueces, sino también los nuevos fiscales y defensores públicos son elegidos mediante los procesos que bien describe. Vaya diferencia con el pasado.

También anota: “Asumo también que tienen remuneraciones adecuadas, incentivos para realizar su trabajo, que existe un sistema de evaluación y tienen estabilidad en sus cargos. Asumo que existen medios procesales para garantizar su imparcialidad”.

Otra vez acierta, pues todos los elementos descritos en este mismo artículo son las herramientas básicas con las que contamos los funcionarios judiciales para desarrollar nuestro trabajo de una manera eficiente y transparente con el fin de garantizar un ejercicio ágil, independiente e imparcial de la justicia.

El sistema cuenta además con los medios para receptar, estudiar y, de ser el caso, sancionar actuaciones reñidas con estos principios garantizando el debido proceso. Cualquier ciudadano, de advertirlas, puede y debe denunciarlas.

Sin embargo, en el mismo espacio editorial, señala la existencia de la figura conocida como “error inexcusable” como el eje de su preocupación. Creemos que sus dudas no tienen asidero pues es un elemento reconocido como necesario en la doctrina jurídica actual y es una de las competencias constitucionales y legales del Consejo de la Judicatura cuya función es atender las quejas ciudadanas.

Las cifras también desmiente esta preocupación que comparte con varios políticos en plena campaña electoral. Debemos aclarar que del universo de quejas y denuncias por error inexcusable en 2016 en 617. Esto habla de que la ciudadanía confía en el sistema al presentarlas. Apenas el 1,9%, es decir, 12 jueces fueron sancionados por esta razón y si en alguno de esos casos existieron motivaciones políticas debería demostrarlo.

Respecto a la independencia interna, el nuevo modelo precisamente separó el control disciplinario de lo jurisdiccional, ya que en el sistema anterior era competencia de los tribunales de alzada y propendía a que impongan sus criterios a los jueces de primer nivel, lo cual sí ponía en riesgo la independencia interna y, además, podría estimular un mal entendido espíritu de cuerpo.

Este nuevo sistema supera aquellas deficiencias. Mal haría el articulista en querer regresar al pasado, a un sistema que no tenía en cuenta al ciudadano como protagonista y único objetivo de nuestro trabajo. 

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