La educación cambió su modelo, superando la etapa de la memoria y de la letra con sangre entra y reemplazándola con una donde se propende al pensamiento crítico y al desarrollo de proyectos. Bueno al menos eso creí, como también me hicieron creer que el Ecuador es un Estado de derechos y justicia, porque esto está escrito en la Constitución, que dice ser de aplicación obligatoria aún para el Ejecutivo (léase Presidente y Ministro de Educación).
Empero el pensamiento crítico del estudiante parece que solo debe responder a los intereses del gobierno o puede ser usado para sus fines. Recordemos que el Alianza País en la Constituyente de Montecristi con vehemencia afirmó que los jóvenes de 16 a 18 años podían asumir con responsabilidad el derecho político del voto, es decir, que estaban aptos para decidir asuntos de trascendencia en la vida del país; hace pocos meses también se impulsó a que las niñas de 12 años pueden decidir sobre su vida sexual y acudir a un centro de salud para solicitar una pastilla abortiva (o no), sin la presencia y consentimiento de sus padres.
Sin embargo, hoy esa madurez y libre albedrío no es suficiente para que los estudiantes manifiesten su descontento o desacuerdo con la decisión de explotar el bloque 41 en el Yasuní y se los amenaza con retirarles el cupo del establecimiento de educación. El Estado no está para amenazar a la ciudadanía, mucho menos si aquello implica vulnerar o restringir sus derechos, cuyo goce efectivo, está obligado a garantizar.